Congresistas de Florida exigen al Gobierno de Trump que cierre uno de los refugios temporales donde viven menores que fueron separados de sus padres al entrar de forma ilegal en el país


Menores migrantes alojados en el centro de Homestead (EEUU)
REUTERS

“Había cientos y cientos de niños hacinados, en condiciones inapropiadas, en instalaciones similares a las de una prisión”, dice la congresista federal de Florida Donna Shalala al recordar su reciente visita al refugio temporal para inmigrantes de Homestead, Florida, donde están detenidos unos 1.600 menores que entraron al país, solos o con un adulto. “Me sentí profundamente angustiada con lo que vi”.

Ella habla de un drama cada vez más preocupante tras las fuertes medidas antimigración que ha aplicado Donald Trump, el de los menores de edad que ingresan ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con México y son retenidos en refugios por períodos de tiempo indefinido. El destino de estos niños es incierto, ya que sus casos pueden tardar meses en ser resueltos. Y muchos de los que son separados de sus padres o tutores, no vuelven a ser reunidos con ellos.

La cantidad de menores en esta situación se ha desbordado y la Justicia parece no dar abasto con los casos, por eso el tiempo de espera de estos chicos es cada vez más largo. A eso se suma que varios de los refugios, como el de Homestead, se encuentran también saturados y no estarían cumpliendo con los requisitos mínimos de cuidado de los menores. Pero por ley, el Gobierno federal está obligado a brindarles protección, hasta que sean procesados.

Shalala y otras dos representantes demócratas del estado floridano, Debbie Mucarsel-Powell y Debbie Wasserman Schultz, presentaron hace unos días una petición formal al Gobierno de Trump para que cierre el Refugio Temporal Homestead. Sin embargo, este reclamo se viene haciendo desde hace largo tiempo por varias organizaciones proinmigrantes y de derechos humanos, y el Gobierno no ha dado respuesta.

La gota que colmó el vaso es una publicación de documentos judiciales que describen en detalle las condiciones de aislamiento psicológico, similares a las de una cárcel convencional, a las que son sometidos los menores en Homestead.

El extenso informe de la corte, al que tuvo acceso el diario local ‘Miami Herald’, da detalles alarmantes sobre el daño mental y físico causado por la detención prolongada de estos niños, que además son sometidos a muy estrictas reglas, como “no tomar descansos para ir al baño, no poder ir al baño sin permiso y el acceso único a dos llamadas de 10 minutos a la semana para comunicarse con sus familiares”.

Las congresistas señalan a la compañía privada que opera las instalaciones, Comprehensive Health Services, por las “terribles condiciones” en que tiene detenidos a los menores y por rechazar la supervisión de las autoridades -ya que les negó el acceso en su última visita, en abril pasado-. La empresa recibe unos 220 millones de dólares del Gobierno federal por esta tarea, según Tomas Kennedy, director de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC).

“Los informes del estado peligroso y perjudicial de las instalaciones son cada vez más comunes. A partir del 1 de junio, la temporada de huracanes de 2019 ha comenzado, y ni la Administración de Trump ni la compañía que opera las instalaciones tienen un plan de evacuación de huracanes establecido”, señala la representante Mucarsel-Powell. La propuesta que elevaron las congresistas al Gobierno busca que se traslade a los niños allí retenidos a instalaciones más pequeñas administradas por organizaciones sin fines de lucro. Exigen también hacer la transición de entrega de estos niños a sus familias con mayor rapidez.

En marzo pasado, el periódico ‘Diario Las Américas’ logró una respuesta oficial a las peticiones de las organizaciones. “Los niños bajo los cuidados de este refugio temporal en Homestead no son prisioneros”, aseguró el director del centro de relocalización de refugiados, Jonathan Hayes. Dijo que en el lugar “no hay celdas con rejas ni puertas con seguro” y que “así como en las escuelas en cualquier comunidad del país, los refugios tienen horarios y reglamentos para proveer estabilidad y una rutina a los niños, como por ejemplo caminar en fila por el edificio cuando vas a clases”.

Respecto a la falta de información que se da sobre el estado de los menores, Hayes indicó que “lo que es considerado como secretismo es para asegurar la privacidad y seguridad de estos chicos”. Después del informe de la Justicia y la denuncia de las congresistas, donde se detalla el daño psicológico y las malas condiciones de los refugios, habrá que ver cuál es la respuesta federal.

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