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Arabia Saudí conmuta la pena capital por castigos de veinte años a los asesinos de Khashoggi

La Justicia de Arabia Saudí conmutó las penas de muerte impuestas a cinco personas por el asesinato del periodista Jamal Khashogghi por condenas de veinte años de prisión. Los otros tres condenados deberán pasar entre siete y diez años entre rejas, según el veredicto final de un juicio calificado de «parodia» por la investigadora de Naciones Unidas, Agnes Callamard. Esta conmutación de la pena capital se produjo después de la decisión de la familia de perdonar a las cinco personas que los saudíes encontraron culpables de asesinar y descuartizar al columnista de The Washington Post el 2 de octubre de 2018 en el consulado del reino en Estambul.

La fiscalía anunció que el caso «está cerrado», pero los nombres de los condenados no se hicieron públicos y tampoco se conoce el paradero del cuerpo del periodista. Khashoggi, de 59 años y una voz crítica con la monarquía, entró al consulado para realizar un trámite personal relativo a su divorcio y nunca salió con vida. Fuera se quedó esperando su prometida turca, Hatice Cengiz, quien sigue esperando que se haga justicia y calificó de «farsa» el veredicto saudí.

The Washington Post publicó en abril de 2019 que las autoridades del reino habrían comprado el silencio de la familia con la entrega de viviendas, valoradas en 4 millones de dólares, y «pagos mensuales superiores a 10.000 dólares por hijo» como una primera parte de un acuerdo a largo plazo para evitar declaraciones críticas de la familia sobre el asesinato a manos de agentes de seguridad enviados por el propio reino. Un año después llegó el anuncio oficial de Salah, primogénito del periodista y único de sus cuatro hijos que vive en el reino, quien emitió un comunicado que rezaba: «Nosotros, los hijos del mártir Jamal Khashoggi, anunciamos que perdonamos a los que mataron a nuestro padre, buscando la recompensa de Dios todopoderoso».

En un primer momento, Arabia Saudí negó cualquier vinculación con el asesinato, pero con el paso de los días y de las pruebas que aportaban fuentes turcas, admitió la muerte dentro de la legación a manos de sus funcionarios. En julio, Turquía puso en marcha un juicio contra veinte ciudadanos saudíes con el objetivo de aclarar el asesinato, pero el proceso se desarrolla in absentia ya que Riad se niega a extraditar a los acusados, entre los que se encuentran el exjefe adjunto de la Inteligencia, Ahmed al Asiri, o Saud al Qahtani, ex asesor del príncipe heredero Mohamed bin Salman (MBS), dos altos funcionarios que perdieron sus cargos tras lo ocurrido con Khashoggi, pero a los que no imputaron en el proceso judicial realizado en Riad.

MBS, el hombre con más fuerza en el reino y la persona a la que la CIA apuntó como cerebro de la operación, admitió su «responsabilidad por ser el líder del país», aunque aseguró que «no sabía nada» de lo que calificó de «crimen horrible», según una entrevista concedida a la cadena CBS.
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