Economía

Calviño dice que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años

Era un runrún, pero se ha convertido en uno de los temas de este jueves: el salario de los funcionarios, una de las partidas que el Gobierno podría «tocar» para controlar el gasto el año que viene, que previsiblemente se desboque, mientras los ingresos públicos continuarán débiles por el impacto de la pandemia. Pero las declaraciones de los diferentes ministros que se han manifestado sobre la cuestión difieren. Así, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado en una entrevista en Onda Cero que no le constaba que el Gobierno vaya a congelar el sueldo de los funcionarios. Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que el Ejecutivo no está estudiando congelar el sueldo de los funcionarios y que esta cuestión no forma parte de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado en la que ya se ha comenzado a trabajar.

Pero la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha expresado en muy diferentes términos en una entrevista en la Cadena Cope: ha afirmado que los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y que además el escenario de inflación que se maneja es cero, unas cuestiones que, en su opinión, se deberán tener en cuenta en una hipotética congelación de sus sueldos el año que viene. Según sus declaraciones, los funcionarios en los últimos años han recuperado las pérdidas de poder de compra que sufrieron durante la crisis de hace una década.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha manifestado en el mismo sentido que Calviño y ha destacado que los trabajadores del sector público han tenido una actualización de sus retribuciones por encima del IPC, lo que ha llevado a una ganancia de poder adquisitivo en los últimos años. Si bien a Montero no le consta que se haya tomado ninguna decisión respecto a esta cuestión, no ha descartado que puedan tomarse medidas sobre los salarios de los funcionarios. «Exploraremos todos los escenarios y, cuando se tenga tomada una decisión, la comunicaremos», zanjó Montero.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, no ha hecho esperar su reacción y ya ha manifestado su «rechazo a una congelación salarial de los empleados públicos». Y también ha manifestado que no aceptará recortes. De acuerdo con sus cálculos, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde el año 2010. Por ello, han anunciado: «Reivindicaremos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario». CSIF ha avanzado que pedirá hoy mismo al Ministerio de Política Territorial y Función Pública el inicio de una negociación, en el marco de los próximos presupuestos para abordar las retribuciones y la oferta de empleo público, ante las necesidades acuciantes que observan de reforzar las plantillas de las administraciones en todos los ámbitos: sanidad, educación, servicios sociales, justicia y administración general del Estado.

CSIF ha puesto de manifiesto que los empleados públicos están atendiendo con «dificultades» las prestaciones como los ERTE o el ingreso mínimo vital y «no merecen una medida unilateral de este tipo, ni que se les trate con globos sonda». «Exigimos la apertura de la negociación sindical de inmediato», ha reclamado.

En este sentido, desde el Área Pública de Comisiones Obreras se ha exigido al ministerio de Política Territorial y Función Pública que no se recuperen los modos de «tiempos pasados: primero informar a través de los medios de comunicación de lo que se pretende hacer y, posteriormente, como hemos consumados, trasladarlo a las mesas de negociación».

CC OO también ha reclamado la apertura «de manera inmediata» de la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como abrir una negociación real de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Además, ha manifestado su rechazo a la congelación salarial de las empleadas y empleados públicos. También para CC OO «es urgente recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para su rejuvenecimiento, así como el desarrollo de la clasificación profesional». «El Gobierno tiene una deuda con las empleadas y los empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensada», ha reclamado el sindicato.

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