Política

Catalunya limita los alquileres abusivos con el ojo puesto en el TC

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles poner coto a los alquileres abusivos en Catalunya tras un acuerdo ‘in extremis’ entre el Sindicato de Inquilinos y JxCat, y con la mirada puesta en una posible impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) que puede tensionar al Gobierno. La iniciativa ha salido adelante con los votos de 30 ERC (los dos de Demòcrates han votado en contra), los 8 de los ‘comuns’, los 4 de la CUP y 29 votos de JxCat, ya que los cuatro diputados del PDECat han roto la disciplina de grupo y se han desmarcado para marcar posicionamiento propio después de que el ‘president’ expulsara a la formación presidida por David Bonvehí del Ejecutivo catalán. 

La redacción de la ley fue a cargo del Departament de Justícia -en manos de ERC- y del Sindicato de Inquilinos, con el aval de los cuatro grupos parlamentarios, pero el 24 de julio, en el debate para tramitar el texto por la vía rápida, los posconvergentes se desdijeron y presentaron hasta ocho enmiendas avaladas por el Departament de Territori a cargo de Damià Calvet, evidenciando el choque entre Conselleries. Después de varias reuniones zanjadas sin acuerdo, y de que el Sindicato de Inquilinos recurriera tanto al ‘president’ Quim Torra como al ‘expresident’ Carles Puigdemont para forzar una reculada, media hora antes del inicio del debate los posconvergentes rebajaron sus exigencias para escorarse hacia la izquierda y buscar un alejamiento del PDECat, en concordancia con el pretendido giro ahora bajo la marca Junts, y conscientes de que el TC puede dejar sin efecto la ley por invasión de competencias del Estado. 

El principal escollo era la definición del propietario vulnerable que queda exento de la norma. Los impulsores y JxCat acordaron situarlo en aquel que no supera 2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC), lo que representa ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales por unidad familiar –pese a que JxCat pedía un 5,5, traducido en más de 3.000 euros mensuales– e introducir incrementos ponderados de precio en caso de obras de mejora en la vivienda, al margen de las obligadas por ley, hasta un máximo del 20% del precio del alquiler vigente.

La nueva ley, que se aplicará en los 60 municipios catalanes con más de 20.000 habitantes, fija que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la misma zona, el nuevo contrato no podrá superar el índice de precios de la Generalitat. Los hogares que se alquilen por primera vez, tendrán que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona, pero la obra nueva queda exenta para incentivar la construcción de vivienda protegida. La ley también prevé sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento.

La ‘consellera’ de Justícia, Ester Capella, intervino en el debate para celebrar la ley que trabajó junto al Sindicat de Inquilinos como “un muro contra los abusos”: “Somos competentes y ejerceremos las competencias“, aseveró aludiendo a posibles impugnaciones del TC. El PP anunció este miércoles que recurriría al tribunal acogiéndose al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que dictaminó en agosto que 11 de los 15 artículos de la ley no se ajustan ni al Estatut ni a la Constitución por invasión de competencias del Estado.

Si quien recurre es Cs o el PP, la ley estará en vigor hasta que haya una resolución, pero si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impugna la ley quedará suspendida de inmediato cuando el recurso se admita a trámite.

Fuentes de los ‘comuns’ confían en que Sánchez no la lleve ante TC porque recuerdan que “forma parte del acuerdo de gobierno” y optan por que abra la vía de nueve meses para negociar entre gobiernos y, mientras tanto, lleve a cabo una regulación estatal con sus competencias coincidente con lo aprobado por el Parlament.

Para Cs esta ley es “postureo” y busca el choque con los tribunales, y considera que la solución a la vivienda un aumento del parque público de vivienda. Desde el PSC tacharon esta norma de “electoralista” porque invade competencias y “tiene como objetivo la confrontación”, algo que ven “irresponsable”. Los socialistas fueron el blanco de las críticas de ERC y de los ‘comuns’, que coincidieron en pedir que no acudan al TC.

Ir al artículo fuente

¿Cuál es tu reacción?

Emocionado
0
Feliz
0
Enamorado
0
No estoy seguro
0
Gracioso
0

You may also like

Los comentarios están cerrados.

Más en:Política