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Crece el clamor contra el Gobierno interino de Perú

Desde que Martín Vizcarra fue destituido el pasado lunes por el Congreso como presidente de Perú debido a acusaciones de corrupción, las protestas se han multiplicado por todo el país. Miles de personas se han lanzado a las calles de Lima y de una decena de ciudades del interior para condenar el fulminante procedimiento y exigir una renovación de la clase política. Las movilizaciones, que el jueves reunieron a 15.000 personas en la capital, acabaron con fuertes disturbios y acusaciones de represión policial, de las que también se hizo eco la ONU mientras países de la región y organismos internacionales se niegan a otorgar legitimidad al nuevo Gobierno interino.

La grave crisis política desatada tras la toma de posesión del conservador Manuel Merino como presidente en funciones -un opositor que hasta ahora dirigía el Congreso- se vio agravada en la última jornada de protestas por las denuncias de uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía. A las acusaciones de manifestantes y periodistas -que atribuyen a las fuerzas de seguridad el uso de gases lacrimógenos y perdigones de goma- se sumó este viernes la queja de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, quien dijo tener evidencias de «detenciones realizadas por agentes vestidos de civil sin identificarse».

El ministro de Interior, Gastón Rodríguez, en cambio, justificó la actuación policial con el argumento de que los agentes se vieron obligados a actuar tras «soportar por más de 30 minutos» el lanzamiento de piedras y objetos pirotécnicos. Según defendió, intervinieron para impedir poner en riesgo su seguridad y evitar que los manifestantes asaltaran el Congreso en Lima.    

A la espera del Constitucional

El Gobierno interino, que duda de la «espontaneidad» de las marchas e incluso las vincula al grupo terrorista Sendero Luminoso ha fracasado por ahora en su intento de ser legitimado por la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA), así como Colombia y Argentina, han asegurado estar a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es el que deberá estudiar la «legalidad» de la actuación del Congreso, que alegó «incapacidad moral permanente» para destituir a Vizcarra. Una figura contemplada para casos de enfermedad mental.

Human Rights Watch ha alertado igualmente de que apartar del poder a Vizcarra es «una amenaza para el Estado de Derecho» en el país andino. Aun así el Gobierno interino se ha comprometido a no hacer «cambios traumáticos» y a respetar el calendario de las próximas elecciones, previstas para el próximo 11 de abril.

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