Economía

El Gobierno incluye en su plan legislativo la contrarreforma laboral

Ni la crisis del coronavirus ni los recelos de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, han cambiado por el momento la hora de ruta del Gobierno de coalición, que mantiene entre sus prioridades la derogación de la reforma laboral. Así al menos lo declara el plan normativo para el segundo semestre que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, en el que se incluye la modificación de lo que se conoce como primera fase de la reforma laboral del PP, que pretende dar más poder a los sindicatos en a negociación colectiva.

Por el momento se trata solo de una declaración de intenciones y queda un largo recorrido lleno de obstáculos para cambiar la legislación, pero evidentemente es un claro mensaje para suavizar unas relaciones con Unidas Podemos que podrían no estar pasando por sus mejores momentos después del anuncio de la fusión de Bankia y Caixabank e incluso de un guiño a Bildu y ERC de cara a conseguir su apoyo para los nuevos Presupuestos. Así, el presidente Pedro Sánchez confirma su objetivo de seguir adelante con el acuerdo de Gobierno y desmontar la reforma laboral del PP incluso antes de final de año (puesto que el plan es para el segundo semestre), pese a que desde Bruselas les pudieran imponer trabas al respecto ahora que necesitan de su aprobación para recibir las ayudas europeas para la pandemia. Cabe recordar que Comisión se ha erigido como uno de los grandes detractores de esta contrarreforma e incluso en alguna ocasión han ensalzado los beneficios que trajo al mercado laboral.

Pero no será una derogación íntegra, pese a que el PSOE se comprometió a ello la pasada primavera en el acuerdo que rubricó con Bildu para lograr su apoyo a la prórroga del estado de alarma. Lo que recoge este plan legislativo es la modificación de cuatro aspectos que consideran prioritarios por ser los más lesivos de la reforma laboral de 2012, una vez que ya se aprobó la derogación del conocido como despido por absentismo. Más concretamente, se trata de suprimir la prioridad de los convenios de empresa y que vuelvan a estar por encima los del sector; recuperar la ultraactividad, lo que significa mantener la vigencia de un convenio hasta que no se apruebe otro, de forma que no decaiga cuando caduque; limitar la subcontratación para legislar qué servicios pueden subcontratarse y cuáles no así como los convenios por los que se rigen estos trabajadore; y revisar el mecanismo de descuelgue de un convenio colectivo para que solo sea posible dejar de aplicar el salario pactado cuando existan causas económicas graves e irreversibles (ahora puede hacerse alegando dos trimestres de ventas inferiores a las del año precedente).

La intención del Ejecutivo, sin embargo, es llevar a cabo esta contrarreforma dentro del marco del diálogo social, es decir, que confían en lograr el respaldo de sindicatos y patronal para llevarlo a cabo. Así lo han reiterado en sucesivas ocasiones. «Tomaremos en cuenta todas las recomendaciones país y seguimos con nuestro calendario, con nuestra hoja de ruta, en el marco del diálogo social y con las fechas que teníamos establecidas», aseguraba hace un par de meses la ministra portavoz, María Jesús Montero, cuando arreciaba la polémica tras el pacto alcanzado con Bildu.

El plan normativo que atañe a Ministerio de Trabajo también incluye otros asuntos que están encima de la mesa como la regulación del teletrabajo o la de los riders, materias que se están abordando en la mesa del diálogo social y que podrían aprobarse con carácter inminente.

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