Economía

El Gobierno se plantea retirar bonificaciones fiscales para aumentar los ingresos

Cuadrar las cuentas del Estado este año es más difícil que nunca debido al devastador efecto que la pandemia está teniendo sobre la economía y el empleo. Hasta ahora el agujero en las cuentas públicas supera los 60.000 millones de euros, según los últimos datos. Concretamente, el Estado ha gastado ya 60.436 millones más de los que ingresa y es previsible que este desfase vaya en aumento, por lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió ayer que será necesario realizar «algunos ajustes fiscales» en los próximos Presupuestos, lo que -trasladado al lenguaje llano- significa subir impuestos.

Sin embargo, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, descartó que el Gobierno se esté planteando en este momento un aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pese a que el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos incluye subir el IRPF a las rentas altas (dos puntos para rentas de más de 130.000 euros y cuatro puntos por encima de 300.000 euros). «No tengo la impresión de que vaya a haber modificaciones del IRPF en este momento», aseguró hoy durante una entrevista en la COPE.

Lo que sí baraja el Ejecutivo es retirar algunos de los actuales beneficios fiscales con que cuentan los contribuyentes, en forma de exenciones, tipos reducidos, reducciones o deducciones que permiten rebajar el pago de impuestos y suponen un coste fiscal de 60.000 millones al año, el equivalente a 6 puntos porcentuales del PIB. Así lo avanzó el expresidente de la AIReF, que explicó que España es el país de Europa con más ventajas fiscales, lo que provoca que tenga un «nivel de ingresos sensiblemente por debajo de la UE». A su juicio, hay un «conjunto amplio de beneficios fiscales que son difíciles de justificar», por lo propone comenzar a actuar sobre ellos. «Aquí hay una importante área por la que trabajar y hay recomendaciones de todos los organismos de que esto no debe ser así», argumentó.

Pese a que el ministró no entró en el detalle de cuáles son esas bonificaciones que el Gobierno quiere eliminar, remitió a un reciente informe de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIReF) que analizaba 13 beneficios fiscales (casi el 60% del total), con un coste recaudatorio de 35.000 millones de euros, y evaluaba uno a uno si cumplen con el objetivo y si generan alguna distorsión que haga que sea recomendable su reformulación.

En dicho estudio el organismo fiscalizador instaba al Gobierno a actuar sobre la reducción por tributación conjunta, los tipos reducidos de IVA, los rendimientos de trabajo, el alquiler de viviendas y los beneficios fiscales de Socimis y Sicav, así como a modificar las ventajas asociadas a los planes privados de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, algo de lo que también se muestra partidario el ministro.

De hecho, el análisis más concluyente es el que realiza sobre las desgravaciones de los planes individuales de pensiones privados, que suponen un gasto para las arcas públicas de 1.635 millones de euros. La AIReF considera que no consigue el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo y plantea su «reformulación completa». Esto está en la línea con uno de los objetivos a corto plazo sobre los que pretende actuar Escrivá para reformar el sistema de pensiones: desplazar las «muchos privilegios» de los planes privados individuales a los planes colectivos en las empresas (denominados planes de empleo). «Los planes individuales no ayudan a fomentar el ahorro a medio plazo tal y como están diseñados. Es un producto muy reducido y muy caro», precisó ayer Escrivá, quien abogó por incentivar el ahorro en las rentas bajas y medias, algo que no se consigue ahora con esta ventaja fiscal, que utilizan mayoritariamente las rentas altas. «Existe en el Reino Unido y ahí es donde creemos que debe finalizarse y poner el esfuerzo fiscal, a planes de empresas y autónomos», defendió, alabando a su vez las bondades del plan de previsión social voluntaria del País Vasco (ESPV), que llega a más personas y logra una mayor pensión.

Nuevos impuestos ‘verdes’

Donde no es previsible que el Gobierno haga cambios es en las deducciones sociales que existen actualmente, como son por ejemplo las bonificaciones a las familias numerosas, a las personas con algún tipo de discapacidad o a las madres, que según la AIReF sí cumplen con su objetivo, al igual que las exenciones del IVA para productos financieros.

Por el contrario, en lo que sí está ya trabajando el Ejecutivo es en reforzar la fiscalidad ‘verde’ con la subida de algunos impuestos medioambientales, como puede ser la tasa al diésel, ya que es una recomendación de la UE porque tiene una fiscalidad en este ámbito «muy baja», según precisó Escrivá.

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