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El Gobierno venezolano admite que no se redactará una nueva Constitución

No me podía levantar, no tenía fuerzas para ponerme de pie”, dijo Diosdado Cabello, el número dos del madurismo, al comentar su experiencia con el covid-19, virus del cual se ha recuperado casi por completo. Pero más que el recuento de sus padecimientos, que lo dejaron cerca de morir, lo que llamó la atención en Venezuela es su anuncio: la Asamblea Constituyente que comenzó a sesionar en Venezuela a fines de 2017 bajo su liderazgo no presentará una nueva Carta Magna y ni siquiera una tibia reforma.

A pocos meses de las elecciones parlamentarias que el Palacio de Miraflores confía en ganar para, de esta manera, recuperar el control del Congreso, Cabello reconoció a un canal oficialista en Youtube que la Constituyente fue un mecanismo de contrapoder político frente a un legislativo dominado por la oposición y declarado en desacato por el Tribunal Supremo.  La Asamblea aprobó leyes e incluso lesionó la inmunidad de los diputados del Parlamento, algunos de los cuales acaban de ser indultados por el presidente Nicolás Maduro. Pero sus 545 integrantes no se abocarán a la tarea de redactar un nuevo texto constitucional, como se había prometido. “Creo que no. Debo decirlo responsablemente”, reconoció Cabello.

“Nosotros nos dimos un mandato sometido en votación hasta el 31 de diciembre del año 2020, pensando que en el 2021 viene una nueva Asamblea Nacional”, le confesó al periodista y ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Y remarcó, contra todo lo declamado por Maduro y el mismo Cabello, que el horizonte de una Carta Magna que iba a reemplazar a la de 1999, y que Hugo Chávez consideraba definitiva, fue tan solo “una premisa”. Su labor más importante fue “refundar” el Estado.

Maduro convocó a una Constituyente en mayo de 2017, con el alegado propósito de “pacificar” a Venezuela. Por entonces, arreciaban las protestas que encabezaba en las calles el sector más intransigente de la oposición. La elección de sus delegados se realizó en medio de esos estremecimientos sociales que dejaron más de 100 muertos, la mayoría de ellos jóvenes. Los adversarios del Gobierno no participaron de esos comicios

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