El juez atribuye a Vendrell y Madí presiones al Govern para sus negocios

Xavier Vendrell y David Madí, ambos miembros del ‘estado mayor’ del ‘expresident’ Carles Puigdemont, aprovecharon sus contatos con altos cargos políticos para sus negocios privados, según los autos de entrada y registro dictados por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga el presunto tráfico de influencias acometido por estos dos imputados, así como el supuesto desvío de fondos públicos para la financiación del ‘procés’ y la estructura del exjefe del Ejecutivo Catalán en Waterloo (Bélgica).

Tanto Vendrell como Madí y otros siete implicados en proceso abierto por malversación de fondos, blanqueo de capitales y tráfico de influencia pasarán la noche el cuartel de la Guardia Civil y serán trasladados este viernes a disposición judicial. Las fuentes consultadas han asegurado a EL PERIÓDICO que en los registros se han hallado documentos claves, a la vez que se han incautado teléfonos móviles y clonado ordenadores. Los agentes de la Guardia Civil, comandados por el teniente coronel Daniel Baena, analizarán el material.

Es Xavier Vendrell, que fue ‘conseller’ de Governació en el tripartito y dirigente de ERC, quien despliega una mayor actividad para conseguir sus objetivos económicos, desde la recalificación de unos terrenos, Villa Bugatti, en Cabrera de Mar, a la construcción de un centro para disminuidos, la ampliación de plazas para una escuela de Sant Joan Despí o los contratos con el Institut Catalá d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), pasando por el mundo de la gestión de las residencias de ancianos en plena pandemia del coronavirus.

A través de las intervenciones telefónicas y de los seguimientos, la Guardia Civil dibuja en sus informes un mapa detallado de las relaciones de Vendrell con el espectro político y, sobre todo, con los altos cargos del actual Ejecutivo catalán, como los ‘consellers’ Josep Bargalló y Damià Calvet, hasta la dirigente de Esquerra Marta Rovira, que reside en Suiza. Incluso se vanagloria de que iba a tener “acceso al Ministerio” de Sanidad, tras el nombramiento del socialista catalán Salvador Illa para ocupar esa cartera.

“Me están tocando los cojones”

Vendrell llegó a decir a Marta Rovira: “Con todo lo que yo he hecho por el país sin pedir nada a cambio y me están tocando los cojones por el tema del concierto (educativo), me están haciendo perder el tiempo ¡hostia! Agilizar esto un poco… llama a la ‘consellera’ de Salut por el tema de los laboratorios, llama al Bargalló y llama al Chakir [El Homarani, ‘conseller’ de Treball i Afers Socials] por todo el tema de… de Villa Bugatti, que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela y tal”.

El juez sostiene en sus resoluciones que para sus planes en Villa Bugatti, Vendrell “no ha dudado influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel”, como Calvet o Bargalló, a los que suma los que ha mantenido con el alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (JxCat), y el regidor de Urbanismo de dicha localidad, Eric Mir, ambos investigados. Los contactos para la recalificación de los terrenos se ampliaron a altos cargos de la Conselleria de Territori. Tanto es así, que, según el togado, obtuvo el compromiso de dicho Departamento de “darle una agilidad superior a la que marca la norma”. El concejal de Cabrera, por su parte, se comprometió con él a agilizar la celebración de plenos.

El exdirigente de ERC ahora en la órbita de Puigdemont pretendía a través de una modificación puntual del plan de ordenamiento urbano la recalificación urbanística de ese solar de 48.000 metros cuadrados y permitir “revalorizar sus fincas, pasando su valor de cinco a 10 millones”. Además, pretendía desarrollar el proyecto a través de la Fundación El Brot, presidida por él, para construir un centro para menores discapacitados (se reunió con Bargalló y el director general de Ensenyament, Josep González Cambray, también investigado).

Para explotar el negocio constituyó la entidad Maresme Futur y “no ha dudado” en acudir a sus contactos políticos en la Generalitat y el Ayuntamiento de Cabrera. Vendrell, incluso, prometió a las autoridades locales que el entonces ‘president’ Quim Torra iría a inaugurar las instalaciones que pretende construir y que habló con Braulí Duart, que hasta el pasado mes de septiembre era secretario de la Conselleria d’Interior, para que hubiera “controles informativos”.

La Fundació El Brot recibe importantes subvenciones de la Conselleria d’Ensenyament por una escuela en Sant Joan Despí que, al entender de los investigadores, “no se justifican convenientemente ni harto de vino”, como señala un asesor de Vendrell. Son 210.000 euros en tres años. El imputado, concretan los autos, habló con Pilar Contreras, alto cargo de ese Departamento e investigada, para que se le autorizaran 10 aulas para 12 niños, a pesar de no haber presentado en el plazo legalmente establecido la solicitud del concierto educativo. Tal fue la “irregularidad” que Contreras le dijo a Vendrell: “Hacemos la vista gorda y adelante”.

Contatos para VTC y el mercado del agua

El juez subraya que David Madí, empresario y exdirigente de CDC, también tiró de contactos para entrar en el mercado de las VTC, de los que se desprende “un importante tráfico de influencias” por su parte con altos cargos de la Conselleria de Territori, empezando por el ‘conseller’ Calvet, con quien mantuvo una reunión, o el secretario de infraestructuras y el subdirector de ordenación de transporte, entre otros altos cargos.

El togado relata que el que fuera dirigente de CDC movió sus hilos y “contactos políticos”, como presidente de Aigües de Catalunya, filial de Global Omnium (familia Calabuig),  para la adquisición de Aigües de Barcelona (Agbar). En esta operación, incide el magistrado, “se corrobora una vez más la capacidad de influencia y el acceso a una información que afecta al mercado del agua al alcance de pocos”.

“Ese  tráfico de influencias es lo que ha motivado que Madí haya contratado a Joan Puigcercós (exdirirgente de ERC) y Cinta Pascual (de la patronal de residencias), pues es consciente de que le abrirán los consistorios gobernados por ERC y las residencias”. Madí, además, intentó hacer negocios con la Conselleria de Justícia, a la que ofreció el análisis de aguas residuales de las cárceles para detectar el covid. La propuesta, al final, fue rechazada por la Generalitat.

Estos contactos, relata el magistrado, se extendieron a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para que se realizara un concurso sobre la detección del covid en el agua. “Hasta tal punto llega su esfera de poder que pretende proponérselo a Salvador Illa, ministro de Sanidad, accediendo a él a través de José Luis Ábalos“, titular de la cartera de Transporte, escrime el magistrado, que concluye que Madí “ha intentado obtener rédito económico con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus”.

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