Política

El juez investiga si se blanqueó dinero con la ‘república digital’

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre que investiga la financiación de Waterloo y del ‘procés’ sostiene la presunta trama supusestamente liderada por el ‘expresident’ Carles Puigdemont, y en la que participarían David Madí, Xavier Vendrell, Xavier Vinyals y Jaume Cabaní, pretendía crear un modelo económico al margen de la regulación vigente “blanqueando todo o parte del dinero presuntamente malversado procedente de subvenciones fraudulentas” en criptomonedas, y financiar la llamada ‘república digital’. El propósito, según un informe de la Guardia Civil que forma parte de la causa de la operación Volhov, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, era implementar un sistema de ‘bitcoin’ “para operar al margen de los controles de las autoridades europeas y españolas” y para “disponer de financiación, originariamente procedente de fondos públicos, para avanzar hacia la independencia”.

“El Govern no pudo aprobar los presupuestos de 2018 y 2019 y desde 2017 la propia Administración catalana estaba intervenida por el Ministerio de Hacienda lo que, sin duda, dificultaba acometer sus objetivos, entre ellos, el despliegue de la Administración Tributaria propia y del Banco Central catalán, por lo que acudir a la criptomoneda y al enmascaramiento de ciertos gastos dentro de subvenciones podría constituir una alternativa para los altos cargos de la Generalitat con que implementar aquellas estructuras de Estado, imprescindibles para garantizar la viabilidad de un eventual estado independiente catalán”, apunta el atestado de la Guardia Civil, y recupera unas anotaciones en las que se expone que “la guerra necesita euros”, achacadas al ‘exconseller’ Francesc Homs. En algun momento se había proyectado la posibilidad de comprar un banco.

Entidades afines

La financiación se estaría canalizando a través de subvenciones públicas otorgadas por instituciones como la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y Ferrocarrils de la Generalitat “que están o han estado bajo la dirección del partido de Puigdemont y la antigua Convergència Democràtica de Catalunya” hacia la fundación CatMón, la Asociación IGMAN y la Plataforma Proseleccions Catalanes para vehicular después estos montos al ‘procés’.

La financiación se habría canalizado mediante subvenciones públicas a entidades afines

Del análisis de los expedientes de tramitación de algunas de las subvenciones otorgadas se constata que “los beneficiarios fueron los mismos llegando a utilizar las mismas facturas para justificar la ejecución de los proyectos subvencionados”. Los agentes citan dos facturas como “señal” de financiación irregular aludiendo a la documentación que se utilizó para justificar la aplicación de la subvención recibida por la Plataforma Proseleccions Catalanes en el 2017: una emitida por Cabaní por un importe de 10.559 euros en concepto de “mantenimiento de ordenadores y servidores informáticos” y otra emitida por Fòrum 1406 (entidad de la que Vendrell es administrador) por un importe de 6.000 euros. Los investigadores han constatado, además, que Cabani pagó los honorarios de los abogados belgas de Puigdemont, así como las trasferencias realizadas a una entidad que ofrece soluciones financiera y cambiar ‘bitcoins’.

“Gran cerebro”

Puigdemont habría designado a Cabaní, según las pesquisas, para impulsar la “república digital” en coordinación con el Departament de Polítiques Digitals desde Waterloo, motivo por el cual se habría trasladado a Bélgica a principios de 2018. En una conversación entre Vendrell y Madí, mencionan a Cabaní como la persona que estaba trabajando en la criptomoneda al que definieron como “gran estructurador, gran cerebro y patriota de piedra picada”, y Madí apunta que “ellos” [las autoridades europeas] pueden prohibir la peseta, pero no pueden prohibir ir con ‘bitcoins’. 

Según la Guardia Civil, el entonces alto cargo de Vicepresidència Lluís Salvadó y el actual ‘vicepresident’ con funciones de Presidència, Pere Aragonès, realizaron viajes por Europa “para reunirse con representantes de entidades de calificación de deuda y entidades financieras pues uno de sus objetivos era poder financiarse en los mercados internacionales en caso de declarar la independencia”.

Vendrell y Madí situaron al ingeniero Jaume Cabaní como el “gran cerebro” de la ‘república digital’

La digitalización

La Guardia Civil subraya que los dirigentes soberanistas “consideran que una vía de escape al control del Estado es la digitalización, hasta el punto de acuñar el término república digital”, una administración virtual inspirada en el modelo de Estonia, país en el que la policía recuerda que Cabaní ha constituido una “sociedad”.

Según el instituto armado, “la propia Generalitat estaría albergando información en servidores situados en conocidos paraísos digitales”, y alude a que durante el referéndum se puso en marcha una web en la que “introduciendo los datos introduciendo ciertos datos personales era posible conocer el colegio electoral en el que ejercer el voto”.

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