Economía

El Pleno del Congreso tumba el decreto municipal

El Gobierno se ha apuntado este jueves su primera derrota parlamentaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha logrado convalidar el real decreto que pactó con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) mediante el cual se buscaba que los ayuntamientos pudieran contar con más recursos para hacer frente a la pandemia. El texto únicamente ha concitado el apoyo de las dos fuerzas de la coalición, el PSOE y Unidas Podemos. El Pleno del Congreso tumbó el decreto con 193 votos en contra, frente a los 156 ‘síes’.

Pero no sólo se ha marcado este hito en esta legislatura. En democracia, únicamente en tres ocasiones el Congreso de los Diputados ha tumbado un real decreto. O cinco si contamos la cuando su decaimiento se produjo por un error en la votación o la vez en que tal cosa tuvo lugar en plena Transición.

El punto de discrepancia se encontraba en la fórmula ideada por Hacienda y acordada con la FEMP según la que los ayuntamientos que cedieran sus remanentes al Estado central recibirían una parte proporcional de recursos de un fondo de 5.000 millones de euros. En total, los ayuntamientos tienen disponibles remanentes por valor de 14.000 millones de euros (aunque sus ahorros totales alcanzan los 26.000 millones, no todos son de libre disposición). Pero no pueden gastarlos en toda su dimensión, porque tienen el mandato tanto legal como constitucional de no entrar en déficit. La propuesta de Hacienda pasaba por que, de manera voluntaria, transfirieran esos recursos al Estado, a cambio de lo que se repartirían 5.000 millones de euros entre esos ayuntamientos en un plazo de dos años. Ademas, el Gobierno se comprometía a devolver los remanentes restantes a partir de dentro de diez o quince años.

Pero la oposición en el transcurso del pleno se ha opuesto y ha calificado el mecanismo de «chantaje» y «ataque» a la autonomía local. Se han empleado incluso palabras más gruesas, como por parte del vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que ha justificado su voto negativo al decreto afirmando que su partido no puede ser «cómplice» de lo que considera «el robo del siglo». Mientras, desde ERC, Joan Margall se ha quejado de que el Gobierno haya apostado por la «recentralización y la austeridad» y de que pretenda convertir a los ayuntamientos «en el banco del Estado». Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos, ha acusado al Gobierno de «no escuchar» ni a la oposición ni a los ayuntamientos y de intentar ponerles a estos últimos «entre la espada y la pared».

En cuanto a Unidas Podemos y sus confluencias, también una formación crítica con el diseño del fondo, puesto que implicaba que los ayuntamientos sin remanentes disponibles no podrían contar con recursos del fondo de los 5.000 millones, se avino a votar afirmativamente al decreto. Ello, debido a que, como expresó el secretario general del grupo, Txema Guijarro, Hacienda había terminado haciendo un «esfuerzo sincero» con su última oferta de negociación, aunque terminara por ser insuficiente.

María Jesús Montero había propuesto a los grupos parlamentarios tramitar el decreto como proyecto de ley, con objeto de que salieran adelante aquellas cuestiones del decreto sobre las que no hay discrepancias, como la suspensión de la regla de gasto, la revisión de la financiación local, la posibilidad de ampliar las inversiones financieramente sostenibles o el fondo de 400 millones de euros para compensar la caída de los ingresos de los sistemas públicos de transporte municipal, y se negociara el fondo de 5.000 millones y el traslado de los remanentes de los ayuntamientos, la cuestión que generaba controversia.

De hecho, hace unos días, 31 alcaldes pertenecientes a trece formaciones políticas lideradas por el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, habían propuesto repartir los 5.000 millones a fondo perdido, no a cambio de los remanentes, y acometer su distribución tomando como criterio único la población. La última oferta de Hacienda parece inspirada en esta iniciativa: propuso que un 60% de los 5.000 millones se distribuyera atendiendo a la cuestión poblacional.

María Jesús Montero defendió en la tribuna del Congreso que el Gobierno «no necesita el dinero de las entidades locales, ya que el Estado se financia a tipos negativos» y recordó que la transferencia de recursos por parte de los ayuntamientos es voluntaria. También se quejó de que la oposición se refiriera al mecanismo como «hurto» o «robo» a los ayuntamientos. Además, reivindicó la legitimidad de la FEMP como organismo democrático que reproduce el resultado de las elecciones municipales y recordó que en los presupuestos municipales de Madrid también se aprobaron con el voto de calidad del alcalde (al igual que en la FEMP, que aprobó el acuerdo con Hacienda por el sufragio diferencial de su presidente, Abel Caballero, del PSOE, lo que se recrimina desde la oposición, porque se afirma que el de Hacienda con la Federación de Municipios ha sido en realidad un acuerdo «del PSOE con el PSOE»).

Aunque Montero deslizó que habrá que tomar nota y hablar con los grupos parlamentarios para asegurar la aprobación de los decretos. Si bien aseguró que la derrota no desgasta al Gobierno, aunque plantea un problema al municipalismo.

La ministra de Hacienda también defendió que, una vez que ha decaído el decreto, después de haber negociado y tratar de sacarlo adelante hasta el último minuto, a quien compete presentar una alternativa es a la oposición y no al Ejecutivo. «El Gobierno ha hecho su trabajo, ha llegado a un acuerdo con la FEMP, respeta la democracia de la FEMP, lo que parece que otros grupos no hacen. Nosotros y la FEMP hemos llevado una propuesta para el debate. Además, hemos ofertado una enmienda. Le compete al que no admite presentar una contrapropuesta», ha lanzado María Jesús Montero ha acusado al PP de perseguir la confrontación y de buscar el desgaste del Gobierno.

El Ministerio de Hacienda ha venido reiterando que no había otra manera de que los ayuntamientos tuvieran más margen de gasto o el derecho a utilizar sus remanentes. Pero ha habido grupos que han alentado la reforma de la Ley de Estabilidad o la modificación exprés del artículo 135 de la Constitución como vías alternativas a ésta.

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