Política

El rey emérito debería pagar 5,8 millones de euros a Hacienda si se le acreditan diez millones en cuentas de Jersey

El contribuyente español Juan Carlos de Borbón y Borbón tendría que pagar voluntariamente 5.805.000 euros a la Agencia Tributaria si quisiera regularizar la posesión de solo una parte de la fortuna personal que estudia la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Es el resultado de la declaración complementaria de IRPF que, con comentarios de Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA, ha podido simular EL PERIÓDICO. Y únicamente sobre la cantidad estimada de diez millones de euros, que formaría parte de una de las investigaciones que la Fiscalía del Tribunal Supremo hace para determinar si hay delito, y de las que ha hablado la Fiscal General, Dolores Delgado.  

Este ejercicio es solo una aproximación. No hay forma rigurosa a día de hoy de sumar el total de la fortuna del rey emérito. Ninguna de las cantidades que por diversas vías han aflorado a la opinión pública constituyen de momento pruebas. Son, y no todas, anotaciones periodísticas y elementos de las investigaciones de los fiscales dentro y fuera de España que, en algunos casos, caminan hacia el archivo por prescripción o aplicación del precepto de inviolabilidad.

Dinero oculto

Carlos Cruzado señala esa primera dificultad para empezar a hacer cuentas: “No se conoce el montante real de lo supuestamente defraudado”. Una parte importante de los ingresos y gastos que se le atribuyen al rey emérito, además, se pudieron producir durante la etapa en que era inviolable, hasta el día que abdicó, el 19 de junio de 2014. Y este privilegio de la inviolabilidad, en opinión de Cruzado, “choca con el concepto de que Hacienda somos todos”.

A cubierto de sanciones de la Hacienda española quedan, por tanto, los movimientos en las fundaciones Lucum y Zagatka que investiga el fiscal suizo Yves Bertosa, incluidas la supuesta donación de cien millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de la época) que el 8 de agosto de 2008 le hizo a Juan Carlos el rey de Arabia Saudí, o una anterior, de cinco millones de dólares que le habría dado el presidente de Kazajistán en octubre de 2002 (según desveló elDiario.es), o una percepción de 6,5 millones de euros que supuestamente entró en diciembre de 2008 a favor de Zagatka (según El Confidencial), o, en fin, la entrega de 65 millones de euros a Corinna Larsen en septiembre de 2012, relatada por ella al excomisario de policía José Manuel Villarejo.

Posteriores a la abdicación son los movimientos que habrían sido objeto de las alertas del SEPBLAC (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales): los de cuentas millonarias en la isla de Jersey y gastos en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 con tarjetas opacas supuestamente nutridas por el magnate mexicano Allen Sanginés-Krause. Si en cada uno de esos ejercicios Juan Carlos gastó más de 275.000 euros, el caso, por superar los 120.000 euros de cuota defraudada (el 43,6%), entraría en el terreno del delito fiscal.

La cuenta: recargo e intereses

No bastaría en este caso únicamente con rellenar el modelo 720, el impreso que Hacienda dedica a declaraciones de bienes en el extranjero. “La del 720 –explica Cruzado- es una declaración informativa, que tiene que conllevar la regularización de los impuestos correspondientes en otras declaraciones”.

Tomando, por tanto, los diez millones como base imponible de partida –y aplicando un gravamen del 45% sobre la renta en Madrid, lugar de residencia del emérito-, la cuota base resultante es 4,5 millones.

Dado que el contribuyente regulariza con retraso, hay además un recargo del 20%: 900.000 euros.

Y hay también intereses de demora, a un tipo medio del 3%, que se calculan sobre la cuota antes de sumarle el recargo. Por tanto, 135.000 euros más.

Dado que la declaración complementaria se referiría al año 2016, primero del periodo no prescrito, y puesto que tendría para pagar hasta junio de 2017, solo se contabilizarían a partir de ese momento tres años de intereses hasta junio de 2020 (o septiembre, por los aplazamientos decididos por la Agencia Tributaria a causa de la pandemia). Los intereses alcanzan por tanto los 405.000 euros.

La suma pararía ahí. No le caería a Juan Carlos de Borbón hasta un 150% de sanción –sustitutiva del 20% de recargo- si regulariza por propia iniciativa antes de que se le requiera. Pero no hay sanción tributaria a la vista en el caso de las cuentas del rey emérito. “Si el caso entra en sede judicial por una denuncia de la Fiscalía, lo que se aplica ya es el Código Penal, y no las sanciones tributarias”, explica Cruzado.

Espontánea, veraz y completa

El total de esta regularización suma 5.805.000 euros, pero es insuficiente. Para ser válida, una regularización con Hacienda debe ser, explica Cruzado, espontánea, veraz y completa. “Espontánea en el sentido de que no puede venir una vez que al contribuyente ya le ha llegado la notificación de una inspección o de diligencias de la Justicia. Y veraz y completa porque no se puede omitir nada”, dice.

Y entre lo omitido, hasta que Corinna habló y el fiscal Bertosa llamó a los asesores del emérito Dante Canonica y Arturo Fasana, está el regalo del rey de Arabia. “No hay un precedente de que alguien haya donado 100 millones de dólares a una persona extraña, que no es de su familia”, comenta Cruzado.

A ese regalo se le aplicaría el impuesto de donaciones, que en Madrid bonifica hasta el 99% de las que se hacen entre parientes. El problema del regalo saudí es que no hay parentesco entre el donante y el receptor, por más que el rey Abdalá de Arabia llamara “mi hermano” a Juan Carlos I.

Para el cálculo del impuesto, además, influiría el montante del patrimonio preexistente del receptor, que sigue siendo un misterio para Hacienda y para el resto de los ciudadanos.

Tiempo pasado

Hay más dificultades, estas en torno al tiempo transcurrido. El sistema español de declaración de bienes en el extranjero “está en cuestión a nivel europeo –recuerda Cruzado-, pero de momento  lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta es que si se descubre un patrimonio, unas cantidades o unos bienes en el extranjero que no han sido declarados en el 720 se entiende que es un incremento del patrimonio y no se puede alegar prescripción, se imputa al último ejercicio no prescrito”.

En cualquier caso, al presidente De Gestha le parece más importante “demostrar la titularidad que el origen temporal de los bienes”, pues “los gastos que pudiera estar haciendo el rey emérito con cargo a esas cuentas desde 2016 podrían entrar en el terreno del delito de blanqueo, con independencia de que esas cantidades hubieran sido depositadas con anterioridad”.

Y todo esto, sin abordar la discusión sobre si la inviolabilidad del rey alcanza o no a sus impuestos y negocios privados, que se sale ya del ámbito de la Agencia Tributaria.

En Gestha “desde que se publicaron las conversaciones de Corinna con Villarejo ya entendimos que había indicios como para que la Agencia Tributaria abriera una investigación sobre esta cuestión –dice Carlos Cruzado-. Si no se hizo y ha sido la Fiscalía la que ha tomado la iniciativa, entendemos que la Agencia Tributaria debe estar colaborando activamente con la Fiscalía”.

En este caso, opina, “el fisco se juega su pedagogía, como en otros que afectan a políticos y grandes empresarios. En un país con baja conciencia fiscal, esa pedagogía pasa primero por el ejemplo de las élites políticas y económicas, y desde luego la Jefatura del Estado debiera ser un ejemplo para los contribuyentes”.

Dos alertas del Sepblac y un audio

Tanto las diligencias abiertas por el fondo de las islas Jersey como las relativas al pago de gastos con tarjetas que no están a su nombre tienen su origen en alertas de la unidad de inteligencia financiera. La de las tarjetas utilizadas entre 2016 y 2018 fue la primera que denunció el Sepblac, a principios de 2019.

Cuando menos sorprende que una persona inviolable hasta su abdicación en 2014 y acostumbrada a manejar tales cantidades de dinero no hubiera despertado sospechas de la inteligencia financiera antes. Según dijo el excomisario Villarejo, para protegerle en su día se intentó frenar la investigación a la familia Pujol, y Luis de Guindos, ministro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy, guardaba las denuncias del Sepblac sin remitirlas a un juzgado.

Las diligencias fiscales abiertas en Anticorrupción por las donaciones de Arabia Saudi, coincidentes al menos en parte con las seguidas por la Fiscalía suiza, se remitieron a la del Supremo, pero no parece que puedan prosperar al proceder de cuando era jefe del Estado.

El archivo se espera para antes de final de año, por lo que el futuro judicial del rey emérito quedará pendiente de las diligencias de las tarjetas y de Jersey. En concreto, de si los fiscales ven delito para denunciarle ante el Supremo por ellas o no y también proceden al archivo.

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