Economía

Escrivá urge a trasladar al Estado 23.000 millones para terminar con el déficit de las pensiones

La crisis del coronavirus no ha alterado el discurso del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en materia de pensiones. El que fuera presidente de la AIReF sigue defendiendo las mismas reformas sobre el sistema para garantizar su sostenibilidad y poner punto final al déficit que arrastra y que este año se disparará al 2% por efecto de la pandemia, siete décimas más que en 2019, según admitió. Este fuerte aumento se debe, además de a la caída del PIB, a los menores menores ingresos debido tanto a la pérdida de empleo como a las exoneraciones de los ERTE, así como al abanico de prestaciones desplegadas por el Estado para paliar esta crisis. Y no se incluye aquí la transferencia de 14.500 millones de euros que el Estado transferirá este año a la Seguridad Social para costear parte de estos gastos.

Las ideas del ministro coinciden casi al pie de la letra con las recomendaciones que prácticamente dejó cerradas la comisión del Pacto de Toledo en la anterior legislatura y que son ahora el punto de partida. Ahí, ante la nueva comisión que tiene por objetivo diseñar la nueva reforma de las pensiones, esbozó hoy Escrivá lo que considera que deben ser las líneas generales de actuación y urgió a ponerlas e marcha cuanto antes para terminar con la preocupación e incertidumbre creciente que hay entre la población. «Existe un consenso muy amplio en torno a estas recomendaciones», apuntó.

A juicio del ministro, todas las recomendaciones son importantes, pero hay una que urge, ya que permitiría borrar de un plumazo el déficit de la Seguridad Social y pretende iniciar ya en 2021: sacar los gastos impropios, es decir, todas las políticas no contributivas, y que pasen a ser financiadas por el Estado, lo que coincide con la recomendación del Pacto de Toledo y que es además una petición tanto de sindicatos como de patronal. En realidad, esto tan solo implicaría trasladar el gasto de la Seguridad Social a los Presupuestos, pero el problema seguiría estando ahí y habría que pensar en cómo financiarlo, si es con nuevos impuestos u otras fórmulas.

Escrivá dejó claro que en estos seis meses de pandemia su departamento ha seguido trabajando en la reforma de las pensiones y ha logrado poner números a cuánto ascienden estos gastos impropios: casi 23.000 millones de euros que pagaría la Seguridad Social por gastos no contributivos, el equivalente al 1,6% del PIB, según los cálculos realizados para el ejercicio 2023. Eso supondría terminar con el déficit de manera inmediata, puesto que según esas mismas estimaciones el agujero de la Seguridad Social en 2023 se situaría en niveles semejantes a los de antes de la pandemia: el 1,4% del PIB.

La mitad de esos gastos impropios proceden de las políticas activas de empleo, que suponen 11.360 millones con cargo a las cotizaciones. Pero además hay que sumar 1.800 millones de reducciones de cuotas (tarifas planas para autónomos u otras bonificaciones para los regímenes especiales), casi 3.000 millones de prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, 1.000 millones más del complemento de maternidad, 800 millones para cubrir lagunas de cotización o los cerca de 4.000 millones de gastos administrativos de gestión del sistema. En total, 22.871 millones que ahora se pagan con los ingresos de las cotizaciones y que Escrivá pretende que a final de la legislatura ya financie totalmente el Estado, lo que permitiría al sistema estar «en situación de facto equilibrio presupuestario».

Fomentar los planes privados

Otra de las medidas que defendió a corto plazo es la de garantizar a los pensionistas el poder adquisitivo y para ello considera «clave que el próximo año ya se aplique un nuevo marco estable para la revalorización». Asimismo, anunció que el Ministerio ya está trabajando para impulsar la cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, pero Escrivá abogó por hacerlo de forma gradual, por tramos y acompasada. «Pensamos que podemos dar respuesta de manera inmediata», apuntó.

A su vez, reiteró su intención de incentivar el retraso de la jubilación creando nuevos incentivos y reordenando los existentes y se comprometió a cambiar el diseño de los planes privados de pensión para fomentar los planes colectivos en pymes y en la Administración.

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