Política

Exhumaciones sin fecha en el Valle de los Caídos

Con un fallo histórico, el magistrado José Manuel Delgado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) abrió la posibilidad de que familiares con personas enterradas -a la fuerza o no- en el Valle de los Caídos pudieran recuperar sus restos y llevárselos a los cementerios de sus localidades. Fue el 9 de mayo de 2016. Pasados cuatro años de la sentencia, esta sigue incumplida.

Todo tipo de obstáculos y dificultades técnicas opuestas por Patrimonio Nacional -el regidor del enorme recinto funerario- se han sucedido a lo largo de buena parte de ese periodo. E incluso ahora, que los familiares reclamantes ven una actitud de franca colaboración por parte del organismo, la orden del Gobierno no acaba de llegar.

Por eso entre las familias se acogen con excepticismo los distintos anuncios que el Ejecutivo ha ido dejando caer sobre la proximidad de una nueva ley de Memoria Histórica. El texto de esa ley que reformará la 52/2007 contempla expresamente el derecho de las famillias “a recuperar los restos de sus ascendientes” del “lugar de memoria democrática” en el que el Gobierno prevé convertir el monumento de Cuelgamuros.

Demasiado viejos

En cuatro años y cuatro meses de sentencia incumplida, el aragonés Manuel Lapeña, hijo de Manuel y sobrino de Antonio Ramiro Lapeña Altabás, le ha ido cayendo vejez encima. Tiene 94 años ya. En este periodo, un deterioro cognitivo le ha ido dejando sin posibilidad de recordar nada más allá de 10 minutos. A su familia le duele que, si llega a ver cumplido el fallo judicial, “no se enterará”.

Lo lamenta así desde Zaragoza Miguel Ángel Capapé, su yerno, y uno de los impulsores de la reclamación de 30 familias por recuperar restos mortales de caídos o asesinados en la Guerra Civil entre los 34.000 que el franquismo metió bajo la cruz del Valle. “Como tarden mucho más, mi suegro se queda sin reparación”, dice.

Fue precisamente en el caso de los hermanos Lapeña -asesinados por un escuadrón de paseos en Calatayud en 1936, abandonados sus cuerpos en un talud que hizo de fosa común, y extraídos de allí y trasladados a Cuelgamuros sin aviso a los deudos – en el que se pronunció la justicia. El juez Delgado apreció un derecho a “digna sepultura” decimonónico, pues fue articulado para dar cobertura a las familias que perseguían la recuperación de restos de soldados muertos en Cuba y Filipinas.

A ese clavo legal -anulado al poco de la sentencia por el ministro de Justicia Rafael Catalá argumentando falta de uso- se agarró el abogado experto en Memoria Eduardo Ranz. Pero aquel éxito en los tribunales sigue sin materializarse.

“Los hermanos la Peña han sufrido una triple victimización -opina el letrado-. La primera cuando fueron ejecutados;  después, al ser llevados al Valle; y la tercera en democracia, con el no cumplimiento de la sentencia que ordena su exhumación. Tras dos años de gobierno de Partido Popular y dos años del del Partido Socialista, no se puede decir que los Lapeña hallan vuelto a su lugar natural, Aragón”.

Preparativos

Una vez avanzadas las catas del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, los familiares han podido visitar los osarios de la cripta del Valle de los Caídos a lo largo del otoño pasado, trasladado ya el cuerpo de Franco al cementerio de Mingorrubio, en Madrid.

Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática les han reiterado “lo de siempre”, dice Capapé: que están trabajando en el asunto y que tienen voluntad firme de llevar a cabo las exhumaciones. Incluso les ha llegado oficiosamente que ya hay empresa elegida para hacer los trabajos, la pública Tragsa. 

Todo indica que, cuando se ejecuten las exhumaciones que permite la sentencia, se comience por las de los hermanos Lapeña. Dos veces, además, ha intentado el Ejecutivo una reunión este verano con la familia, pero ha sido en vano. La Secretaría de Estado les convocó en julio, y hace tres semanas la propia Vicepresidencia, pero los familiares han respondido en las dos ocasiones que acudirán a Madrid “solo si es para decirnos la fecha de la exhumación. Si no, no merece la pena el viaje”, explica Capapé.

Desde Barcelona, Rosa Gil, nieta del soldado nacional Pedro Gil Calonge, otro enterrado sin permiso en la cripta de la basílica del Valle, confirma que no hay fecha ni visos: “No tenemos novedades. Seguimos esperando. Con este virus, no sé yo, pero sigo intentando que mi abuelo vuelva a casa”.

Para Eduardo Ranz, a estos familiares “nadie va a devolverles a sus padres o abuelos. La reparación consiste, entre otras cosas, en la honra, en la búsqueda de la verdad, en la respuesta de los gobiernos. Vivimos un proceso judicial que no buscaba un responsable, sino la exhumación de las víctimas del Valle y una digna sepultura. Por desgracia no existe conexión entre esa sentencia del año 2016, su cumplimiento, y la actuación del Gobierno español”

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