Economía

Inclusión extiende la retroactividad de la renta mínima hasta final de año

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido extender «los efectos económicos retroactivos del ingreso mínimo vital al 1 de junio a todas las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre». Según explicó el responsable del departamento, José Luis Escrivá, anoche en una entrevista en la Cadena Ser que «quienes lo soliciten hasta esa fecha y tengan derecho lo percibirán». Se amplía, de esta manera, el periodo de carencia que iba a vencer el próximo 15 de septiembre, para que todas las personas beneficiarias puedan finalmente recibir la prestación con efecto al 1 de junio.

Según los primeros planes del Gobierno, los efectos retroactivos de la prestación se iban a limitar a las solicitudes efectuadas hasta el 15 de septiembre, pero la lentitud en la tramitación de las peticiones y la escasez de las personas que han conseguido cobrar la ayuda hasta el momento hacían saltar las alarmas hace unas semanas, así como las reivindicaciones de algunos colectivos, como los sindicatos, muy en particular, de UGT.

Hasta mediados de agosto, apenas se habían otorgado unas 80.000 ayudas, 74.000 de las cuales, de oficio (a beneficiarios de la prestación por menor a cargo, que se ve sustituida por la renta mínima). Hasta esas fechas se habían presentado 750.000 solicitudes, de las que se habían tramitado 40.000, muchas de ellas, rechazadas. Pero los números no han dejado de crecer: hasta el momento, unos 85.000 hogares ya están cobrando la prestación, pero el número de expedientes en tramitación ha ascendido hasta los 900.000.

Escrivá, asimismo, afirmó que «con las mejoras en la tramitación del ingreso mínimo vital» esperan llegar a 150.000 hogares en las próximas semanas, lo que supone alcanzar a unas 450.000 personas. En este sentido, Escrivá detalló que se va a «simplicar la tramitación» de la ayuda: «Ahora se exige estar apuntado al SEPE antes de pedir la prestación y lo modificaremos para que sea un requisito a cumplir a posteriori».

UGT, uno de los actores que había transmitido la alarma, ha calificado de «muy buena noticia» este compromiso por parte del ministro, pero ha recordado su exigencia de que se amplíen los plazos ante el colapso en la gestión de esta renta porque, si en tres meses no hay respuesta (silencio administrativo), muchas solicitudes decaerían y no habrían podido tramitarse.

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