La aprobación de los presupuestos marca el fin de la ‘geringonça’ en Portugal

Esta vez no ha sido suficiente. Las propuestas del Gobierno socialista de António Costa para a los Presupuestos del 2021 no han convencido al Bloco de Esquerda (BE), uno de sus principales socios parlamentarios, que propició la llegada al poder de los socialistas en el 2015 en la alianza conocida como la ‘geringonça’. El Ejecutivo ha aprobado las cuentas con los únicos votos a favor de los socialistas y gracias a la abstención del Partido Comunista (PCP), otro de sus grandes apoyos parlamentarios, y la de los partidos ecologistas y animalistas. En total, 108 votos a favor, 105 en contra y 17 abstenciones.

Los reproches han ido de un lado al otro del hemiciclo en la segunda jornada de debate presupuestario. Los bloquistas se han mantenido firmes en su posición: la inversión en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es insuficiente para hacer frente a la pandemia. A última hora de la tarde, la líder del BE, Catarina Martins, ha lanzado un duro ataque al Gobierno. “Durante este año hemos apoyado al Gobierno en todo lo que nos ha pedido, pero para hacer un presupuesto de izquierdas hacen falta políticas de izquierdas”, ha asegurado Martins, quien ha acusado al Gobierno de “esconderse en la manipulación y el chantaje”. 

La guerra de cifras entre socialistas y bloquistas en el ámbito de la sanidad ha sido evidente durante todo el día. “Hay menos médicos ahora que al inicio de la pandemia”, ha dicho Martins. Unos datos que la ministra de Salud, Marta Temido, ha rebatido basándose en la evolución desde el 2015. En total, ha explicado la ministra, hay 20.884 más que hace cinco años y en mejores condiciones. “Los 140.882 profesionales de la salud que trabajan en el SNS ya no están sujetos a congelamientos ni a reducción de salarios”, ha afirmado Temido. El Gobierno ha prometido contratar a 4.200 sanitarios el próximo año.

Distanciamiento inevitable

Pero a pesar de las llamadas a la unidad de la ministra, el distanciamiento entre los dos partidos se presenta inevitable. “Hace un año el Gobierno renunció a renovar la ‘geringonça’ y optó por la negociación anual de los presupuestos, sin una meta común de legislatura”, ha asegurado el diputado bloquista Pedro Filipe Soares. Unos ataques a los que ha respondido la portavoz socialista, Ana Catarina Mendes, quien ha calificado como una “irresponsabilidad” la postura de los bloquistas a los que acusa de “no querer compartir el riesgo de manejar la crisis” y de ponerse del “lado de la derecha“.

Más relajada ha sido la discusión entre socialistas y comunistas, quienes anunciaron su abstención tras acordar una subida de 10 euros a las pensiones más bajas a partir del próximo enero. Los miembros del PCP han reclamado, sin embargo, más compromisos concretos al Gobierno, como las guarderías gratuitas o la finalización de los hospitales de Seixal y Alentejo que el Ejecutivo lleva prometiendo desde hace años. De esos compromisos dependerá su apoyo en el debate de los detalles de las cuentas, previsto para finales de noviembre.

Críticas de la derecha

El Gobierno también ha recibido los embates de la derecha. Los parlamentarios del principal partido de la oposición, el conservador PSD, han acusado al Gobierno de “desistir” en la lucha contra la pandemia del covid-19, la cual ha marcado este miércoles un nuevo récord diario con 3.960 nuevos casos. “Tenemos un SNS con grandes fallos en su respuesta. Puede haber desempleo, empresas sin capacidad para pagar salarios, pero para el Gobierno lo importante es tener el descaro de decir que no hay austeridad”, ha dicho el líder de la oposición, Rui Rio.

En el ámbito económico, los partidos de la derecha han sido muy críticos con las medidas económicas del Ejecutivo para ayudar a las empresas y a los trabajadores asfixiados por la pandemia. Las cuentas contemplan una reducción del impuesto de la renta (IRS), deducciones del IVA en el sector de la restauración y la hosteleríaayudas sociales extraordinarias para aquellas personas que no tengan derecho a prestaciones y un aumento de 66 euros en la prestación mínima por desempleo, que ascenderá hasta los 505 euros.

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