Economía

La banca pide al Estado que avale la compra de vivienda para jóvenes

El sector de la construcción, desde que se atisbó el daño económico que provocaría el confinamiento, se postuló como motor de la recuperación. Para ello, pidió ayuda a Gobierno. En materia de vivienda, los promotores reclamaron medidas para reactivar la venta y el alquiler, con políticas fiscales y apoyo financiero.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCE, demandó que el Estado prestara un aval para que los bancos financiaran hasta el 95% del valor de las viviendas (frente al 75% que prestan) y así los jóvenes puedan acceder a su compra, ya que su principal dificultad es que no tienen ahorro para pagar la entrada.

Gómez-Pintado defendió que ello no supondría «ni un euro» de gasto para el Estado: éste sólo sería avalista. La propuesta tuvo el respaldo de la banca, que siempre va de la mano del inmobiliario, pero que cada vez es más cauta con el crédito ligado al ‘ladrillo’: la presidenta del Santander, Ana Botín, reveló en mayo que se habían iniciado trabajos con el sector constructor y con el ICO para sacar adelante la propuesta.

Discrepancias en el Gobierno

La medida no cuenta con el parabién de todo el Gobierno. Si en el Ministerio de Asuntos Económicos ven con buenos ojos la iniciativa, reconocen que es una de las propuestas en estudio y que, en general, gustan de estas colaboraciones público-privadas, no pasa lo mismo en el ministerio competente en materia de vivienda, el de José Luis Ábalos, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Desde ese departamento valoran que la del apoyo a la compra con garantías públicas para que los bancos presten hasta el 95% del valor de la vivienda no responde a sus líneas de trabajo, que tienen el foco puesto en el alquiler. «No estamos en contra, pero no es nuestra línea de trabajo», afirman, para acto seguido enumerar sus programas prioritarios: el Plan 20.000 –construcción de vivienda pública en alquiler–; ayudas para hacer frente al pago de las rentas que gestionan las comunidades autónomas; o la colaboración público-privada, pero para promover pisos en renta.

Tampoco está claro si la medida, de salir adelante, sería útil y favorecería el acceso a la vivienda. Si bien el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud constata que la capacidad de ahorro de los jóvenes es limitada y que es muy difícil que puedan llegar a acumular el 20% del valor de la vivienda, añade que los menores de 34 años tendrían que cobrar el doble para poderse permitir la compra de una casa y que la operación no se llevara más del 30% de su sueldo.

El problema, señala el economista Alejandro Inurrieta, no es sólo la inexistencia de ahorro previo, sino la precariedad y la temporalidad laboral: «La estructura económica de España no garantiza la capacidad de pago durante los treinta años de hipoteca». Inurrieta cree que la Administración ha de apostar por las ayudas al alquiler, teniendo en cuenta su también inaccesibilidad. Así consideraría más apropiado que el Estado avalara el alquiler y no la compra. Además, recuerda que las entidades financieras, prestando más del 80% del valor del piso, incumplirían las recomendaciones del Banco de España.

El catedrático Santiago Carbó, en cambio, señala que la de los avales a la compra es «una buena idea». Insiste en que hay que hacer algo para mejorar el acceso a la vivienda de la juventud: «Es el peor momento para los jóvenes en generaciones. En el mundo occidental y en España en particular». Pero afirma que hay que hacer un buen programa, focalizado en quien lo necesita. Además, avisa a la banca de que tiene que «innovar», puesto que el de los préstamos (también inmobiliarios) se puede desintermediar.

El Banco de España cree que las socimis ayudarán a bajar el alquiler

La mayoría, casi el 60%, de los jóvenes menores de 35 años que se han emancipado viven de alquiler, frente al 17,3% que están hipotecados o del 11,7% que residen en una propiedad ya completamente pagada.

Los jóvenes vigilan los precios de compraventa, porque la adquisición de una casa sigue siendo una aspiración –posiblemente a la baja–, pero aún más los de los alquileres, que se han disparado hasta un 50% en las principales capitales españolas. El Gobierno ha esbozado medidas para contribuir a rebajar los arrendamientos y, para ello, ha dado un primer paso, publicando el primer índice de rentas, que podría ser una referencia para establecer limitaciones a las subidas.

Los más partidarios de que el mercado se autorregule pueden esgrimir el informe que el Banco de España ha publicado esta semana sobre las socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria). De acuerdo con el organismo, la creciente apuesta que están realizando estas compañías por el negocio residencial en las grandes áreas metropolitanas puede favorecer un aumento de la oferta de vivienda en alquiler en los próximos años, lo que podría contribuir a atenuar la dinámica de crecimiento de los precios observada recientemente en este mercado y que se asocia al fuerte aumento de la demanda.

Además, el Banco de España afirma que las socimi, que cotizan en Bolsa, pueden ser mejores vehículos de inversión para los ahorradores minoristas frente a la inversión directa en inmuebles, en términos de diversificación de riesgos (con una inversión más pequeña que la que se tendría que hacer para comprar un inmueble se accede a una cartera más grande de activos) y profesionalización de la gestión.

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