Política

La Fiscalía archiva las presuntas irregularidades en contratos municipales de Sant Cugat

La Fiscalía de Catalunya ha archivado la denuncia que Cs presentó por varios contratos municipales de Sant Cugat que consideraba ilegales, aunque admite “evidentes irregularidades administrativas” en la adjudicación y control del gasto público en ese ayuntamiento cuando estaba gobernado por JxCat.

En su decreto de archivo, el ministerio público sostiene que, pese a las “evidentes irregularidades administrativas” detectadas, los hechos no encajan en el delito de prevaricación, puesto que los servicios de los contratos investigados se llevaron a cabo y no hay constancia de que la adjudicación buscara beneficiar a personas próximas a los interventores municipales ni al equipo de gobierno.

La investigación de la Fiscalía, encargada a los Mossos d’Esquadra, se centraba en varios servicios contratados por el Ayuntamiento de Sant Cugat, desde el año 2012 hasta el 2018, vinculados a la limpieza, la contratación de personal eventual para el teatro municipal, el iluminado público, la gestión de aguas o energía o la prestación de actividades complementarias en ‘esplais’ y guarderías.

En la época investigada, era alcaldesa de Sant Cugat Mercè Conesa, del PDECat, a la que en el 2018 sucedió Carmela Fortuny, de JxCat y quien desde 2015 era concejal de Cultura, una de las áreas denunciadas, informa Efe.

Principios de la contratación pública

Para la Fiscalía, en los contratos analizados “resulta evidente” que no fueron respetados los principios que deben regir la contratación pública, “ni por los funcionarios que debían exigir su cumplimiento ni por los responsables políticos”, a quienes “compete prestar atención acerca de cómo y en qué condiciones se presta el servicio público”.

No obstante, considera la Fiscalía que los contratos investigados “no se destinaron a servicios no prestados, caprichosos o superfluos” ni se ha podido acreditar “la intención de los funcionarios investigados de beneficiar a través de dicha contratación a ellos o otras personas vinculadas con aquellos o con el gobierno municipal”.

Para el ministerio público, la ausencia de controles por parte de los interventores “parece obedecer más a una dejadez en la gestión ordinaria de asuntos” y a una “falta de supervisión de responsables políticos”.

Oficina Antifrau

Por ese motivo, descarta que los hechos constituyan un delito de prevaricación y archiva la denuncia, aunque remite el caso a la Oficina Antifrau para que compruebe si las prácticas irregulares “han sido desterradas” del consistorio.

Concretamente, en el informe remitido a la Fiscalía, los Mossos ven irregularidades en unos contratos efectuados por la concejalía de Cultura en 2012 para la contratación de personal para el Auditorio Centro Cultural de la población, entre el que figuraban trabajadores eventuales con “relación familiar” con personas vinculadas a la entidad.

También señalan los atestados un exceso en la facturación del servicio de limpieza de instalaciones municipales, adjudicado a una sociedad integrada en ACS, e irregularidades en la contratación de una sociedad de gestión del agua.

Otros contratos que los Mossos consideran irregulares son el “leasing” de un vehículo de la línea 9 del servicio de transporte de viajeros, una desviación presupuestaria de un encargo a un estudio de arquitectos vinculados a la obra pública y un servicio de alumbrado público.

También los informes policiales reseñan la adjudicación del servicio de personal de campamentos de verano y guarderías a una fundación sin ánimo de lucro, fuera de los “procedimientos de contratación previos”. 

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