Política

La fiscalía no ve delito en la gestión de Puigdemont en Aigües de Girona

La fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito alguno en la gestión de Aiguas de Girona desarrollada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuando era alcalde de la ciudad, por lo que ha solicitado a la Sala Segunda del alto tribunal que rechace la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona para que fuera investigado por prevaricación, fraude y falsedad, y proceda al archivo de las actuaciones

La jueza entendía que el que parte de lo obtenido por el Consistorio a través de la empresa Aiguas de Girona no hubiera sido reinvertido en el servicio de suministro y en su lugar se destinó a comprar obras de arte podía ser constitutivo de delito. Ante la condición de aforado el expresidente catalán huido, remitió el caso al Supremo, a quien corresponde la última palabra al respecto, aunque será difícil que con un informe como el presentado por el ministerio público opte por investigarle.

El fiscal de Sala jefe de Penal del Supremo, Fidel Cadena, y el fiscal del alto tribunal Carmelo Quintana niegan la existencia de delito en la actuación de Puigdemont, entre otras razones, porque la figura delictiva que en el Código Penal del 73 “sancionaba la conducta de modificar el destino público de los caudales o efectos fue despenalizada” en el del 95.

De ahí que “el hecho de dar a los caudales públicos un fin público, aun cuando no fuese el que expresamente estuviese previsto en la correspondiente partida presupuestaria, o expresamente autorizado por la autoridad de la que en definitiva dependiesen los fondos, es decir atender necesidades públicas con fondos públicos, pero modificando el destino inicialmente previsto, constituye una infracción administrativa, de la que se pueden derivar responsabilidades disciplinarias y contables, pero que no está específicamente tipificada como delito“.

Ni apropiación ni administración desleal

Tras recordar la remodelación que sufrió el delito de malversación de caudales en 2015, que al estilo germánico se enmarcó en los de administración desleal y de apropiación indebida, los fiscales pasan a analizar el caso concreto atribuido por la jueza de Girona a Puigdemont. Su conclusión también es favorable al expresidente catalán: “La asignación de una finalidad pública distinta al canon municipal del agua, llevando a cabo transferencias de créditos inconsentidas por la legislación a otros fines públicos, ni constituye administración desleal del patrimonio público con extralimitación de las facultades de gestión que ocasione perjuicioni supone apropiación o sustracción para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualesquiera otros bienes públicos por parte de la autoridad municipal que distrae la finalidad sin abandonar su aplicación al sector público”.

Los fiscales recuerdan que, aunque los hechos por los que se instaba la imputación de Puigdemont son anteriores a esa reforma, ya que se remontan a los años 2013-2014, cuando Puigdemont era alcalde de Girona, debe aplicarse la legislación actual, por ser más favorable. Además, añaden que ello “no alcanzaría siquiera a los últimos hechos que son la formalización de los contratos de compraventa de la colección de arte con fecha 8 de abril de 2015, realizándose con esa fecha el primer pago de 1.000.000 de euros” de un total de 3,9.

“El tipo vigente, en el momento de cometerse los hechos, exigía una sustracción o consentimiento de sustracción de bienes, caudales y efectos públicos aquí no concurrente y, por otro lado, el cambio de aplicación pública en el destino fue descriminalizado”, sentencia el ministerio público. 

Mera infracción 

Los fiscales niegan que el hecho de que Puigdemont utilizara su voto de calidad en el Consistorio para adquirir las obras de arte pueda exceder la mera infracción administrativa, de la que dice que no hay duda alguna, y recuerda los trámites municipales que se siguieron: se tramitó un expediente en el que se aportó una valoración de los bienes por un importe superior al abonado por el Ayuntamiento, y ello descarta el engaño a la administración pública, que sí podría constituir delito. Y hubo más trámites: el jefe de Cultura municipal dejó constancia de la importancia de la adquisición de las obras artísticas para la ciudad; hubo informes del secretario y el interventor del Ayuntamiento con referencia expresa al cambio de partidas para abonar el primer pago de la colección; el Pleno aprobó la propuesta, y la Generalitat informó a favor de la adquisición.

Recuerda que “el principio de intervención mínima implica que la sanción penal solo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible”. “Resultando cierta la ilegalidad administrativa, por haberse utilizado el canon del agua sin respetar sus límites finalísticos y presupuestarios, no puede entenderse que la resolución dictada lo haya sido por órgano incompetente, ni que se haya prescindido de las normas esenciales de procedimiento, ni que sea consecuencia de la comisión de una infracción penal o expresión de la misma, máxime si se tiene en cuenta que la desviación de finalidad pública hoy constituye sin más un ilícito administrativo”, lo que descarta su persecución en el Supremo.

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