Economía

Las bases máximas de cotización se mantendrán congeladas el próximo año

Las bases máximas de cotización no subirán el próximo año. Así lo anunció este jueves el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriva, durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press. El ministro avanzó que habían tomado la decisión de que, dada la actual situación económica que atraviesa el país a consecuencia de la pandemia, no iban a incrementar estos impuestos. «Hemos optado este año por no tocar las bases pero es algo que debemos hablarlo en el futuro», matizó Escrivá.

Así, por segundo año consecutivo la base máxima de cotización se mantendrá también en 2021 en los 4.070,10 euros al mes para el millón de trabajadores que más ingresa.

Ésta es una decisión que el Gobierno toma a final de cada año y en 2020 aunque estaba prevista una subida el cambio de Ejecutivo y el estallido de la pandemia la mantuvo finalmente congelada. La última subida de la cuota de estos trabajadores fue en 2018, cuando se incremento un 7%, lo que supuso 267 euros más al mes, el mayor incremento en las tres últimas décadas.

Falta por saber si habrá en enero subida de la base mínima, ya que esto depende de lo que se decida para el Salario Mínimo Interprofesional, aunque el Ejecutivo ha asegurado que en este caso no lo congelará, aunque tampoco se espera un incremento fuerte. Lo más probable es que sea un incremento en torno al 0,9% para así mantener el poder adquisitivo de los trabajadores más precarios.

La decisión de congelar la base máxima afecta a casi 1,5 millones de trabajadores -según cálculos del Ministerio, aunque CEOE habla de un millón- que tienen unos ingresos superiores a los 48.841 euros al año, la remuneración máxima por la que se debe pagar a la Seguridad Social, de modo que quien gana más no debe cotizar por ello ni tampoco se le aumenta la pensión. El perfil de este cotizante es el de un hombre, de mediana edad y con estudios universitarios, que trabaja mayoritariamente para grandes empresas del sector servicios con un contrato indefinido a jornada completa y desempeña un puesto directivo, según un estudio de CC OO.

Otro de los anuncios que hizo Escrivá es que su Ministerio está ya trabajando en cómo incentivar la jubilación demorada y «muy pronto tendremos varias opciones». En este sentido, adelantó que una de las fórmulas que se barajan para tratar de que los trabajadores opten por alargar su retiro más allá de la edad legal es con un pago único en el momento de la jubilación, en lugar de que se trate de un incremento adicional de la pensión mes a mes, como sucede ahora. «Hemos hecho encuestas y se pone de manifiesto que las personas que están a punto de jubilarse estarían dispuestas a demorar la edad de jubilación preferiblemente con un pago de una sola vez al principio», explicó.

El expresidente de la Airef apuntó que «el margen que hay para diseñar incentivos es muy amplio», ya que España dedica pocos recursos a la jubilación demorada. No obstante, abogó también por «publicitar» y «diseñar mejor» las fórmulas que ya existen, puesto que han constatado que «son desconocidas».

Nueva fórmula de revalorización

De igual manera, reiteró la necesidad de «rediseñar» los desincentivos para la jubilación anticipada para que se aplique también el recorte del 8% en los trabajadores con rentas altas. Además, pidió que las empresas no vayan por el «camino fácil» de la prejubilación cuando realicen una reestructuración y pidió «trabajar mucho más» en las políticas activas de empleo para mantener a esas personas en el mercado laboral.

El ministro avanzó que en su ministerio ya están «dándole vueltas» a la nueva fórmula de revalorización de las pensiones para indexarlas de forma automática con el IPC por ley y mantener así el poder adquisitivo de los mayores.

Los ERTE se mantendrán

Por otro lado, Escrivá aseguró que los ERTE y otras ayudas desplegadas por el Gobierno como la de los autónomos se mantendrán en todos los sectores que no puedan volver a la normalidad, como el turístico, o en aquellas empresas que se vean afectadas por nuevos impedimentos «el tiempo que haga falta hasta que se recupere la actividad y vuelva la demanda perdida transitoriamente».

El ministro recordó que la protección ha llegado hasta los seis millones de personas, lo que supone un tercio de la población ocupada y estimó que esto ha tenido un coste de unos 25.000 millones de euros hasta septiembre, que se han financiado enteramente con los fondos europeos.

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