Política

Lesmes reclama una mayor claridad normativa en las leyes de la emergencia sanitaria

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pronunció este lunes su tercer discurso de despedida al frente del órgano de gobierno de los jueces, por la falta de renovación del órgano de los jueces, lo que calificó de “seria anomalía”. En él reclamó “una mayor claridad normativa” respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de excepción, que ha requerido el covid y que, incluso con el estado de alarma, exige posterior control judicial.

En el acto de apertura del año judicial, presidido por el rey, Lesmes consideró necesaria “una mejor delimitación” de la ratificación judicial de esas medidas cuando son tomadas en aplicación de la legalidad ordinaria, para evitar la discrepancia de criterios que se ha producido. En su opinión, es aún más necesaria, porque afecta directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos”.

Oportunidad

Para Lesmes, la pandemia ha supuesto un “desafío inmenso” para toda la sociedad, pero también para los órganos judiciales, que han tenido que compaginar la atención de los nuevos asuntos derivados de la emergencia sanitaria con los tradicionales, y “ha mostrado con crudeza las debilidades del sistema judicial y procesal”. No obstante, como toda crisis, no deja de ser también “una oportunidad para avanzar”, agregó.

“Es indispensable que la Administración de Justicia se convierta en una Administración lo suficientemente tecnificada y bien organizada para que, llegado el caso, pueda seguir prestando sus servicios de forma eficiente”, afirmó. Añadió que “quizás sea hora ya y con el objetivo de contribuir también desde la justicia a la recuperación del grave golpe social, económico y moral sufrido, de alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo sobre la forma de concebir la estructura del proceso judicial, en la que la tecnología y la digitalización no meramente ayuden o faciliten las tareas procesales, sino que las vertebren en su integridad”. 

Aumento de la litigiosidad

El presidente del Supremo recordó que en 2019 se produjo por tercer año consecutivo un incremento de la tasa de litigiosidad, que creció en un 4,1%, y que pese al sobreesfuerzo de los integrantes de la Carrera Judicial (la media de sentencias dictadas por jueces y magistrados se incrementó en un 4,5%) “no estamos en la situación de partida ideal para afrontar con plenas garantías el impacto, previsiblemente grave, de la dura situación vivida, que ha tenido paralizada durante meses la actividad judicial ordinaria”.

De ahí la necesidad de adoptar medidas no solo coyunturales y urgentes, sino también la aprobación de reformas procesales que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan dar respuesta rápida y con garantías a los ciudadanos y empresas, propiciando una mayor flexibilidad en las actuaciones, buscando una tramitación más expeditiva e incrementando el uso de medios tecnológicos.

Renovación del órgano

Con la experiencia que le da haber tenido que repetir el discurso de despedida tantas veces, Lesmes aprovechó la presencia de Felipe VI, pero también de las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y del presidente del PP, Pablo Casado, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para reclamar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo retraso dijo que “representa una seria anomalía”.

“Es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”. Insistió en que entre sus relevantes funciones figura las de “nombramiento, ascenso, inspección y régimen disciplinario”, que deben desarrollarse con normalidad, porque lo contrario supondría un “grave quebranto para la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”.

Unificar criterios ante la ocupación

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció que en los próximos días dictará una instrucción relativa a la ocupación de viviendas para que todos los fiscales tengan el mismo criterio frente a este fenómeno delictivo, y propuso una reforma de los “mecanismos de control judicial de los internamientos de personas mayores o con discapacidad ingresadas en centros residenciales o sociosanitarios cuando no puedan decidirlo por sí mismas”. Delgado añadió que “los acontecimientos últimos”, en referencia al covid-19, “han convertido en asuntos de enorme actualidad y cuya solución deviene inaplazable”.

Según la memoria de la fiscalía, tras varios años de aumento, la memoria muestra en el 2019, al igual que en el 2018, una reducción de las incoaciones por ocupaciones de inmuebles, por lo que se constata “la consolidación de un cambio en la tendencia”. De esta forma, las expedientes incoados pasan de 9.693 a 9.622, “dato que contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación”, informa Efe. 

La memoria también recoge que durante 2019 archivó las seis diligencias de investigación que había abiertas por delitos de injurias a la Corona que abrió en aplicación de la nueva jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que enmarca estos hechos en la crítica política sin relevancia penal. 

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