Economía

Los nuevos trabajadores estarán adscritos por defecto al fondo de pensiones de empleo

El Gobierno quiere cumplir sin demora con una de las recomendaciones del Pacto de Toledo e impulsar el desarrollo de sistemas complementarios de pensiones para incentivar el ahorro de cara a la jubilación. Para ello se ha comprometido a crear un fondo público de pensiones de empleo en el plazo de un año con el objetivo de extender la cobertura de estos planes de pensiones colectivos a más la mitad de la población ocupada, en la línea de lo que ocurre en otros países del entorno como Francia, Alemania o Bélgica. Así lo avanzó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una jornada organizada por Cinco Días, en la que dio algunos de los detalles que caracterizarán este fondo público pero de gestión privada.

Por delante tiene un reto importante, puesto que ahora apenas uno de cada seis trabajadores cuenta con un plan de empleo (algo menos de dos millones de personas), por lo que supondrá multiplicar los actuales por tres o cuatro y tratar de llegar adonde no se está llegando: pymes, autónomos y empleados públicos. Para ello, la estrategia que tiene en mente Escrivá es que los nuevos planes de empleo se adscriban por defecto a este fondo, así como facilitar que los nuevos trabajadores, tanto de la empresa privada como de la Administración, se adscriban de forma automática a un plan de empleo, un sistema que se ha implantado recientemente en Reino Unido con gran éxito. «Vamos facilitar gradualmente que cada trabajador desde que comienza a trabajar en una empresa o en la Administración tenga una adscripción automática a un plan de pensiones para que pueda ahorrar de forma sencilla y con ventajas», precisó el ministro durante su intervención.

Pero esto tendrá lógicamente un coste, tanto para el trabajador como para la empresa, puesto que tendrán que destinar un porcentaje, el que se decida, del salario a este fondo. Será el Ministerio el encargado de diseñar este fondo y, por tanto, establecer cuál será la aportación al plan de empleo que haga la empresa y cuál la aportación del trabajador, así como si el Estado realizará alguna donación a semejanza de lo que ocurre en algunos países del entorno.

Recientemente el ministro puso como ejemplo en una de sus intervenciones un sistema vinculado a convenios colectivos sectoriales en el que el trabajador aporte un 1% de su nómina al plan de pensiones y la empresa otro 1%, por lo que podría barajarlo como una opción y, en este caso, el Estado no pone nada.

Sí lo hace el Gobierno de Reino Unido, que ha conseguido que con la reforma de pensiones que hizo en el año 2012 más de diez millones de trabajadores estén adscritos a este sistema de ahorro para la jubilación, que es automático para aquellos que ganan más de 10.000 libras al año, aunque un ocupado puede solicitar salirse en caso de que así lo decida. Si el aporte mínimo en 2012 comenzó siendo el 2% del total del salario, en 2019 asciende hasta el 8%, del cual un 3% se hace cargo la empresa, un 4% paga el trabajador y el 1% restante lo abona el Estado.

El ministro explicó que quieren aprender de todo lo que «hemos visto que funciona para empujar que el ahorro colectivo se desarrolle en aquellos colectivos que por su situación, pequeñas empresas, autónomos, trabajadores del sector público, no han tenido un acceso hasta ahora ni se lo hemos puesto fácil entre ninguno de nosotros».

Oferta accesible y barata

Otro de los objetivos que se marca Escrivá con este fondo de pensiones público es conseguir que «los costes sean ajustados en beneficio de los ciudadanos», es decir, comisiones más baratas. Por ello, explicó que van a generalizar las ventajas fiscales y a simplificarlos, lo cual supondrá realizar cambios normativos en los próximos meses. «La idea es ponérselo fácil para que haya una oferta competitiva, de gestión privada, que sea amplia, accesible y barata», defendió.

El expresidente de la Airef dijo que ya se ha dado «pasos importantes» en los presupuestos del año que viene para ampliar las desgravaciones de los planes de pensiones colectivos desde los 2.000 euros actuales por trabajador hasta los 10.000 euros. Por el contrario, rebajan las bonificaciones de los planes individuales de los 8.000 euros al año a 2.000 euros como máximo.

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