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Miles de personas en Colombia en riesgo por las masacres, dice la Defensoría del Pueblo

Las masacres que dejaron doce muertos el lunes pasado en los departamentos de Bolívar y Antioquia, confirman los riesgos que para miles de personas supone vivir en determinadas regiones de Colombia, tal como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo.

Hasta el pasado 31 de agosto la entidad había emitido 45 alertas tempranas por hechos de violencia en 20 de los 32 departamentos del país, tres de ellas sobre los municipios de Simití (Bolívar) y Zaragoza (Antioquia) donde el lunes fueron perpetradas dos masacres.

Los culpables

Pese a las alertas de la Defensoría y el reclamo de organizaciones civiles para que estas zonas sean intervenidas integralmente por el Estado, el Gobierno insiste en señalar al narcotráfico como principal combustible detrás de las 53 matanzas ocurridas este año, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“Es necesario señalar que en muchas de ellas (las masacres) se ve la mano criminal del narcotráfico porque se trata de retaliaciones entre bandidos, o porque la causa es el ajuste de cuentas, o porque se matan entre ellos para quedarse con las rutas, los insumos, o el producto final”, dijo en el Carmen de Bolívar el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

En un barrio de esa localidad del departamento caribeño de Bolívar también fueron tiroteados en la noche del lunes otros cuatro jóvenes cuando estaban sentados en las terrazas de sus casas, de los cuales dos murieron en el acto y otros dos en el hospital.

Escenarios de riesgo

La Defensoría del Pueblo emitió el 9 de junio una alerta temprana sobre los “escenarios de riesgo” por “la presencia y accionar del grupo de delincuencia transnacional ‘Los Venecos’, los grupos armados de delincuencia organizada de alcance local, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)” en Simití y otros municipios de Bolívar.

El organismo advirtió entonces sobre la vulnerabilidad de la población migrante en el sur de ese departamento, región controlada por actores armados que protagonizan una disputa del dominio sobre actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.

A pesar de ese campanazo, tres hombres, entre ellos dos venezolanos, fueron masacrados el lunes en una vereda del corregimiento de Monterrey, que hace parte de Simití.

En esa zona la Defensoría apunta a “Los Venecos” como el grupo responsable de reclutar, transportar y explotar sexualmente a mujeres y adolescentes migrantes víctimas de trata de personas, delito que representa altas ganancias económicas para las bandas criminales de la región.

Guerrilla y paramilitares

El riesgo en Bolívar aumenta cuando la población más vulnerable ingresa a zonas rurales controladas por el ELN, ya que esa guerrilla hace reclutamiento forzado para engrosar sus filas.

“La estrategia del ELN obedece a la necesidad de cubrir vacíos de control territorial dejados por las FARC-EP luego de su proceso de reincorporación a la vida civil, social, política y económica, así como de su interés en contener la ofensiva del Ejército Nacional, que a través de la Fuerza de Tarea Marte busca recuperar el control territorial de la zona”, detalló la Defensoría.

En esa compleja situación también participan las paramilitares AGC, organización que al parecer promueve la conformación de grupos de delincuencia organizada local, que posteriormente subcontrata, asignándoles roles específicos como el control de sitios dedicados a la venta de drogas.

En esa estrategia las bandas criminales se aprovechan principalmente de jóvenes migrantes para engañarlos con promesas de empleo y terminan siendo inducidos a actividades ilegales relacionadas con la extorsión, el sicariato y el tráfico de estupefacientes.

Las poblaciones en riesgo

Los riesgos en el municipio de Zaragoza, que pertenece a la convulsa región del Bajo Cauca antioqueño, donde el lunes fueron masacradas cinco personas, también habían sido advertidos por la Defensoría.

El organismo publicó el pasado 9 de enero y el 31 de agosto dos alertas en las que señalaba el aumento de la violencia contra adolescentes, afrodescendientes, campesinos, líderes sociales y migrantes, derivada de la disputa entre las AGC y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), conocido también como “Los Caparrapos”.

La Defensoría ha observado en lo corrido del 2020, un “cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales en el Bajo Cauca antioqueño” y especialmente desde el segundo semestre de 2018 la presencia de varios de estos grupos en Zaragoza han posibilitado que se desarrollen diversos focos de violencia.

Enfrentamientos entre criminales

En los territorios sobre los que la Defensoría emite alertas tempranas campean grupos como el ELN y facciones disidentes de las FARC que hacen acuerdos tácticos con otras bandas criminales para fortalecerse.

“También entran en confrontación con grupos sucesores del paramilitarismo y fuerza pública, con impactos importantes sobre el ejercicio de los derechos humanos de la población civil”, advierte la entidad.

Para las organizaciones que están en el terreno, es claro que los hechos de violencia no solo obedecen a las dinámicas de las bandas criminales sino también al abandono estatal incapaz de satisfacer las necesidades básicas e impulsar el desarrollo social y económico de la región.

Abandono del Estado

En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, la red de carreteras terciarias se encuentra en un precario estado, advirtió la Defensoría, situación aprovechada por los grupos ilegales para movilizar a sus integrantes, drogas y armas.

La Defensoría subrayó que para posibilitar este movimiento la mayoría de comunidades rurales de la zona soporta restricciones a su movilidad en horas de la noche.

Estos territorios tienen en común la exclusión histórica de los proyectos de desarrollo y bienestar social, lo que ha llevado a que los criminales los encuentren propicios para impulsar economías ilegales e imponer a sangre y fuego sus intereses.

Pese a que la Defensoría alerta constantemente sobre el ingreso de grupos armados a zonas anteriormente ocupadas por las FARC, que imponen su control y amedrentan a la población civil, a presencia estatal sigue siendo una súplica generalizada de las comunidades que viven en medio del fuego cruzado.

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