Operación Volhov: delitos y chascarrillos políticos

Separar el grano de la paja. Es decir, discernir lo que es delito, sea cual sea, y lo que son chascarrillos políticos. Eso es lo que deberá hacer el juez Joaquín Aguirre, que instruye la ‘operación Volhov’. Uno de los objetivos es, desde el punto de vista penal, aclarar si se ha cometido malversación de caudales públicos o blanqueo de capitales, entre otros, y, por lo tanto, el desvío fraudulento de fondos, a través de subvenciones, para financiar actividades vinculadas al ‘procés’, la estructura del ‘expresident’ Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) o para contactar con una trama rusa para que se implicase en la independencia de Catalunya.

Pero hay otro capítulo, no menos importante. El juez tendrá que determinar si los principales imputados en esta causa, David Madí, exdirigente de CDC y exalto cargo del Govern, y Xavier Vendrell, ‘exconseller’ de ERC, se aprovecharon de sus contactos en la Generalitat y su pertenencia al ‘estado mayor’ de Puigdemont para sus negocios privados. En definitiva, si cometieron un delito de tráfico de influencias u otros aprovechandose de sus contactos en la esfera política y de la Admistración. Un punto y aparte son la actividad del Tsunami Democràtic, cuya dirección atribuye el togado, por las intervenciones telefónicas, a Vendrell, que podrá acarrear un delito de desórdenes públicos.

Malversación y blanqueo

En sus primeros informes en la ‘operación Volhov’, que se remontan a agosto del 2019, la Guardia Civil sostiene que “existe un grupo de personas que, lideradas por el ‘expresident’ Carles Puigdemont“, podrían estar cometiendo “como mínimo delitos de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. Todo ello, según los atestados, “para financiar sus actividades, cuyo objeto final no es otro que implantar la república catalana aun fuera de las vías legales y constitucionales”. Los agentes sitúan en ese grupo a Victor Terradellas, amigo de Puigdemont y exresponsable de relaciones internacionales de CDC, a Madí, a Vendrell y a Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, entre otros.

Los investigadores tienen indicios de que esta plataforma deportiva y otras entidades, como la asociación CatMón, vinculada a Terradellas, podrían haber destinado dinero de las cuantiosas subvenciones percibidas en los últimos años para financiar el ‘procés’ o la internacionalización de la independencia de Catalunya. De ahí, por ejemplo, que se estén rastreando los fondos que fueron a parar al Fondo Crans Montana de debate internacional, en el que Puidemont participó en sus ediciones de 2017, 2018 y 2019 (estas dos últimas cuando ya estaba fugado).

Los audios de Terradellas

El pistoletazo de salida de esta investigación, que nace de otra abierta en 2016 sobre presuntas irregularidades en subvenciones de la Diputació de Barcelona en la época de CiU, fue el hallazgo en un teléfono móvil de Terradellas de dos audios de sendas conversaciones con Madí y Vendrell, en las que se hace referencia a la creación de un sistema de financiación a través de criptomonedas y una supuesta oferta de Rusia (no oficial y que este país niega) para ayudar a los soberanistas a lograr la escisión del Estado español. Este descubrimiento desencadenó las intervenciones telefónica de Vendrell, Madí y otros, que culminaron en la treintena de entradas y registros y las 21 detenciones del pasado 28 de octubre.

Fue mediante esos pinchazos cuando comenzaron a aflorar los contactos de Madí y Vendrell para sus negocios privados, aunque algunos de ellos no llegaron a buen puerto. Ahí puede estar el presunto delito de tráfico de influencias o, incluso, en caso del exdirigente de ERC, de supuesta prevaricación en la modificación urbanística de Villa Bugatti, en Cabrera de Mar. En los autos judiciales se vierten indicios para proceder a investigar las gestiones efectuadas por estos imputados para entrar en actividades empresariales tan dispares como salud (residencias de ancianos, laboratorios y servicios vinculados a la pandemia, entre otros), educación (aumento de plazas en una escuela o la construcción de un centro para discapacitados) o transporte (VTC).

Lo que dice la ley

El Código Penal castiga el “influir en funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para  sí o para un tercero”. El debate se centra es si realmente se comete este delito aunque el negocio no fructifique y el tipo de influencia ejercida.

Las defensas opinan que lo recogido en los autos judiciales son sospechas, mientras que el juez estima que hay indicios “intensos” y “conductas graves” que pueden ser “muy perjudiciales” para la sociedad. Los ordenadores y los telefonos móviles incautados en los registros pueden dar luz sobre la comisión de delitos, pero también sorpresas llamativas, como las conversaciones de Terradellas sobre los 10.000 soldados rusos.

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