Política

Sánchez cuenta con atar la legislatura antes de la campaña catalana

Pedro Sánchez, justo cuando se cumple un año de su victoria el 10-N, acaricia un valioso cheque. Tiempo. Un capital preciado en tiempos de política volátil y pandémica, más aún cuando hace solo muy pocos meses no estaba tan a su alcance. La votación de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, el próximo jueves, es la primera prueba de un trámite que se alargará unos dos meses, al final de los cuales el Ejecutivo podrá respirar “tranquilo“, como coinciden ministros y altos cargos. Este primer debate, que en febrero de 2019 se convirtió en un muro infranqueable por la suma de las derechas de PP y Cs y de los independentistas y que abocó a la convocatoria de las generales del 28-A, será esta vez un examen sencillo. Sin complicaciones previstas. Las siete enmiendas de devolución registradas —PP, Vox, JxCat, Coalición Canaria, Foro Asturias, BNG y la CUP— serán rechazadas gracias a una holgada mayoría amarrada por el Gobierno, en la que caben, al menos por ahora, ERC y Ciudadanos. 

La aprobación de los PGE, que previsiblemente culminará el Congreso a primeros de enero, antes del arranque de la campaña catalana, será un balón de oxígeno para un Gobierno que tiene como principal desafío el combate contra el covid-19, en un momento crítico en el que planea la sombra del confinamiento domiciliario, al que Sanidad se resiste por el destrozo económico y porque cree que las cifras de contagios —525 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días— no justifican una medida tan extrema, por mucho que la hayan reclamado algunas comunidades. 

Para el Ejecutivo, salvar las cuentas es un mensaje a la oposición y también a la sociedad

“Tener los PGE es un campo abierto a la legislatura, es tener aire limpio para enfrentarse a los problemas. Estamos tan acostumbrados a vivir al límite que nos va a parecer sencillo”, observa un miembro del equipo de Sánchez. “Son una llave de estabilidad hasta 2023. Un mensaje claro para la oposición, pero también para empresarios y sindicatos, para la sociedad. Y que ayuda a cohesionar al Gobierno. Las cosas no se paran nunca, eso es obvio, pero las cuentas del Estado son una herramienta fundamental para abordar otras cuestiones”, analiza otro integrante del corazón de la Moncloa. 

El Ejecutivo ya da por hechas las cuentas, y eso que el del jueves es solo el primer trámite parlamentario, aunque siempre el más delicado. De ahí que haya imprimido un ritmo ágil: en la primera semana de diciembre el dictamen, con las enmiendas parciales, saldrá del Congreso camino al Senado, y la Cámara alta tendrá el texto listo antes de finales de año, para que la aprobación definitiva en la carrera de San Jerónimo ronde Reyes. A distancia suficiente, y no es baladí, del arranque de la campaña de las elecciones catalanas del 14-F, el 29 de enero. Socialistas y morados dejan cierto margen a ERC para una batalla durísima por la hegemonía del independentismo que librará con JxCat. 

Ronda autonómica

Pero, ya desde la alarma, el Gobierno no solo dispone de la carta de los republicanos. Porque no ha perdido a Cs, que sigue dispuesto a llegar hasta el final de la negociación, y ha ganado al PDECat tras su ruptura con Junts. Ninguno ha presentado enmienda de totalidad. Tampoco Bildu ni, por supuesto, el PNV. ERC y Cs siguen proclamándose incompatibles, pero que no haya votación de conjunto al final de la tramitación permite a Hacienda continuar apurando conversaciones a varias bandas. Y eso abarata el precio de los pactos. 

Con un calendario veloz y unos apoyos garantizados, por una u otra vía, Sánchez podrá atar la legislatura a primeros de año y aparcar una carpeta que no podía mantener abierta en precampaña catalana y con una pandemia que no da tregua. Además, el Gobierno necesita tener listos los Presupuestos “de país” cuanto antes, como plataforma para canalizar los fondos europeos —140.000 millones de euros totales en seis años, 72.000 en ayudas directas hasta 2023—. Sánchez y su Gabinete han insistido en que no son unas cuentas cualesquiera, sino las imprescindibles para la recuperación de España tras el golpe del covid. A crear ese clima favorable, a robustecer el mensaje de la inevitabilidad de estos PGE, el presidente se está dedicando desde este jueves, cuando comenzó en València su gira autonómica para explicar el impacto de los fondos de la UE. 

Aunque ERC se descolgara, Sánchez tiene la carta de Cs y la del PDECat

En paralelo, el Gobierno espera seguir tendiendo puentes con el PP. Los socialistas confían en que, tras el debate de totalidad se desatasque la negociación de la renovación de los órganos pendientes: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE. La expectativa es cerrar el acuerdo para antes del puente de la Constitución

Mientras, el covid copa casi todo el espacio. Sanidad no cree que sea necesario llegar al aislamiento domiciliario y apremia a las comunidades a apurar su legislación y las opciones que ofrece el actual estado de alarma. El objetivo es arrancar diciembre con la curva a la baja. Pero, junto a los datos, preocupa al Gobierno otro factor: la fatiga pandémica. Ingrediente, advierte un ministro, de un posible estallido social. 

Rebajar la tensión con Ayuso

“Para el Gobierno, además, tendría un coste tremendo. Hay que intentar evitarlo como sea. Hay que decir que las cosas son difíciles, pero dando esperanza”, añade. “En marzo”, explican en Sanidad, en el equipo de Salvador Illa, “la pandemia tenía características muy diferentes. La gente no asumía el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarillas. Hoy contamos con sistemas de autoprotección consolidados, hay abastecimiento de material, los hospitales saben con lo que luchan y no tienen carencias de productos. Ahora la letalidad es bajísima y los más afectados no son los mayores. Por eso podemos aguantar sin confinar en las casas”. En el ministerio no animan a las comunidades a acudir a ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública de 1986, porque dudan que ofrezca la cobertura jurídica necesaria para proceder al precinto domiciliario incluso con autorización de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Sería necesario un nuevo decreto de alarma (o modificar el actual), y esa opción no está en cartera por ahora. 

Sanidad no ve necesario un cierre domiciliario, y cree que la curva bajará en diciembre

El Ejecutivo central también ha intentado rebajar la tensión con Madrid, tras semanas de crispación y choque. Illa primero dejó hacer Isabel Díaz Ayuso y toleró su blindaje perimetral por días, y el jueves pasado incluso la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, consideró “adecuada” esa medida para “parar los contagios”. “Hemos perseguido relajar el conflicto a costa de comernos los sapos. Y compensa. Al final, si la pandemia se controla, el tanto se lo apuntará el ministro”, valoran en su equipo. 

En una ‘semana valle’ para el Gobierno como esta que ha concluido, con el foco desplazado a Estados Unidos y al recuento agónico de las elecciones del 3-N, sí se ha desatado una nueva tormenta política, a cuenta del plan del Gobierno contra la desinformación, que la oposición tacha de intento de “censura“. La Moncloa deplora la “confusión” creada pero confía en que la tempestad pase. Su buena noticia está en los Presupuestos, y sacarlos adelante, enterrar las últimas cuentas de Cristóbal Montoro, tras ser prorrogadas tres veces, será, como concluye una ministra de mucho peso, “un paso adelante muy significativo” en la trayectoria de un Ejecutivo de coalición que nació frágil y que aspira a sobrevivir hasta (prácticamente) 2023.

Ángel Gabilondo, candidato a Defensor del Pueblo

En la negociación institucional que el Gobierno persigue con el PP, hay varios frentes. Además del CGPJ, el más polémico —y en el que podría haber un reparto de 10 vocales progresistas frente a 10 conservadores—, están en juego el TC y el Defensor del Pueblo. Respecto al tribunal de garantías, es más fácil el pacto, ya que hay que relevar a cuatro de los magistrados, el cupo que corresponde al Congreso. La distribución sería dos a dos: dos miembros de sensibilidad progresista y dos propuestos por el PP. Los socialistas no piensan promover para uno de los puestos a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, como se especuló.

 

Para Defensor del Pueblo, el candidato que postulará el PSOE sigue siendo su portavoz en la Asamblea, el exministro Ángel Gabilondo. Sería una salida óptima, creen en el partido, para quien fue candidato a la Presidencia del Gobierno madrileño en 2015 y 2019 y quien ganó las últimas autonómicas. El PSOE no cree que deba mantenerlo en la Cámara regional porque no ve ninguna viabilidad a una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso, ya que entiende que Ciudadanos no la hará caer. Y sin su concurso, derribarla es matemáticamente imposible. 

 

Respecto a RTVE, algo se ha movido ya. PP y PSOE pactaron a finales de octubre desbloquear el concurso público. Tal y como recomendaron los letrados del Senado, las Cámaras llamarán a todos o gran parte de los 95 aspirantes que se presentaron a la convocatoria. Los grupos, pues, tendrán más candidatos de donde elegir a los diez integrantes del nuevo consejo de administración, incluido el presidente de la corporación. Pero todavía no hay nombres sobre la mesa. La contrapartida es que la criba de 20 solicitantes (19, en realidad, porque la primera calificada, la periodista Alicia Gómez Montano, falleció en enero de este año) que elaboraron los expertos, en base a los méritos, no servirá necesariamente de referente. 

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