Política

Tormenta política por el plan del Gobierno contra las ‘fake news’

El Gobierno ha vuelto a tropezar con el espinoso debate sobre la regulación de las noticias falsas. La delgada línea que separa este objetivo de lo que podría considerarse control de la información que publican los medios de comunicación ha desatado la tormenta tras conocerse el plan del Ejecutivo para combatir la desinformación. La oposición ha salido en tromba contra una iniciativa de la que también recelan las asociaciones de periodistas y medios, que la ven como un torpedo a la libertad de expresión. El PP amenaza con llevar el asunto ante la UE pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy planteó algo similar en el 2017, a raíz del referéndum unilateral del 1-O.

El plan del Gabinete de Pedro Sánchez prevé monitorizar la información que se publica por los distintos canales de comunicación y solicitar, si es necesario, la colaboración a los medios para perseguir la “difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. La Secretaría de Estado de Comunicación ha aclarado este viernes que la finalidad es “evitar la injerencia extranjera en procesos electorales y detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país”.

Cuatro niveles de control

En ningún caso, se ha comprometido la Moncloa, “vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”. La iniciativa establece cuatro niveles de activación “que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la seguridad nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas”. Con ello, según el Gobierno, cumplen la petición de la UE de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación, que en el caso de España data de 2018, con el objetivo de una actuación más coordinada a nivel comunitario y acorde a los valores democráticos.

Una justificación que el PP ha tachado de “mentira”. “La norma europea (que es contra el terrorismo) está bloqueada precisamente por la oposición del grupo socialista”, ha afirmado el eurodiputado popular Esteban González Pons. El líder del PP, Pablo Casado, acusó el jueves al Ejecutivo de crear un “orwelliano Ministerio de la Verdad” [metáfora que también empleó Vox] para “vigilar” a los medios, en lo que considera un “ataque intolerable” a la democracia. La vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Cs, Begoña Villacís, ha definido el plan como “un atropello más” del Gobierno a la libertad de información.

Sin embargo, en diciembre del 2017, el Gobierno de Rajoy puso en marcha una campaña para neutralizar los bulos en las redes sociales que había detectado durante los meses previos y posteriores al 1-O, y cuyo objetivo eran “difamar la democracia española” y tratar de desestabilizar España y, por tanto, Europa. La iniciativa consistió en “desmentidos rápidos para evitar que se generalicen noticias falsas” y una batería de propuestas en el Congreso que incluían sistemas de “vigilancia, monitorización, mitigación y respuesta ante acciones extranjeras destinadas a cuestionar y debilitar la confianza en las instituciones”.

Las asociaciones de periodistas creen que el plan es un torpedo a la libertad de expresión

Malestar del gremio

El malestar ha llegado también a los profesionales del periodismo. La Asociación de Medios de Información (AMI) ha expresado su “profunda preocupación” por el procedimiento contra la desinformación aprobado por el Gobierno y ha denunciado que va contra la libertad de expresión e información amparada por el artículo 20 de la Constitución. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha instado al Ejecutivo a que “aclare cuanto antes” las funciones y cometidos “que tendrá el recién creado comité para la lucha contra la desinformación”.

Según la disposición publicada en el BOE, en ese grupo de trabajo estarían implicados el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación y las autoridades públicas competentes, así como los propios medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil.

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