Un confinamiento domiciliario obligaría al Gobierno a pasar por el Congreso

El Gobierno niega con vehemencia que esté planteándose un confinamiento domiciliario, semejante o incluso más suave al que decretó en marzo, en la primera oleada del coronavirus. Ya el pasado viernes, cuando se apuntaba a esa opción, el Ministerio de Sanidad y también la Moncloa subrayaban que esa alternativa no estaba sobre la mesa. Misma aseveración continuaron haciendo distintas fuentes de primer nivel durante el fin de semana.

También este lunes. Con mayor rotundidad aún, porque fue el propio Salvador Illa quien intentó cortar el hilo de la cometa: “Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que está a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas para poder actuar es suficiente“, sostuvo el ministro este lunes en una conferencia telemática. El político catalán insistió en que su departamento no está trabajando en esa opción —”rotundamente” no es así, dijo— y confió en que con las limitaciones contempladas en el actual estado de alarma, vigente hasta el 9 de mayo, pueda bastar. Sanidad rubricó su negativa después de escuchar al presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, quien pidió un segundo enclaustramiento de los ciudadanos para frenar la ola de contagios en su comunidad. Antes lo había reclamado el jefe del Ejecutivo de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Ciudadanos). 

¿Pero, cómo se instrumentaría un nuevo encierro en casa? El Gobierno tiene varias vías a su alcance. Sintéticamente, o modificar el actual decreto o bien redactar uno nuevo, pero en cualquier caso, confirman a EL PERIÓDICO fuentes de la Moncloa y de Sanidad, tendría que informar al Congreso y pedir su autorización si quiere que las restricciones duren más de 15 días. 

No vale el actual decreto de alarma

Esa es la primera clave. El ministro lo ha reiterado en numerosas ocasiones. El real decreto 926/2020, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 25 de octubre y que el Congreso prorrogó desde las 00.00 del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00.00 del 9 de mayo de 2021, por seis meses —y por amplísima mayoría: 194 votos a favor, 53 en contra y 99 abstenciones—, contempla básicamente tres tipos de limitaciones, pero ninguna de ellas es el confinamiento domiciliario.

El decreto recoge el precinto perimetral, al que se ha acogido la mayoría de las comunidades autónomas (salvo Galicia, Extremadura, Baleares y Canarias), la limitación de reuniones a seis personas y el toque de queda. Los presidentes autonómicos, nombrados autoridades competentes delegadas por el Gobierno, pueden levantar o implantar estas medidas en sus territorios, con capacidad para modularlas. Por ejemplo, adelantando o atrasando una hora el arranque o el final de la limitación de la movilidad nocturna o confinando municipios o barrios dentro de sus comunidades. 

Las opciones disponibles

En la Moncloa y en Sanidad explican que, en caso de aplicar un nuevo confinamiento domiciliario, habría dos alternativas. Una primera, modificar el real decreto 926/2020, incorporando esa nueva limitación de derechos fundamentales. La segunda, elaborar un nuevo texto que incluyera únicamente esa opción del encierro en casa. “Ambas opciones son factibles“, subrayan fuentes del Ejecutivo a este diario, sin decantarse todavía por ninguna de las dos. 

¿Por qué ir al Congreso?

Porque se trata de una nueva restricción de derechos fundamentales de la que hay que dar cuenta al Congreso. No se trataría de una modificación puntual y casi accesoria del decreto del 25 de octubre, sino de la introducción de una limitación, y muy severa. En marzo, el Gobierno sí cambió la alarma para sacar a las peluquerías de las actividades esenciales permitidas (lo que supuso su cierre hasta la fase 0 de desescalada), pero no era más que introducir una excepción. En este caso, insisten en la Moncloa y en Sanidad, una restricción de este calado debe ser examinada por la Cámara baja. 

¿Pueden convivir dos estados de alarma?

Sí. “Nada impide la vigencia paralela de dos decretos con medidas distintas”, indican en la Moncloa a EL PERIÓDICO. Es decir, pueden convivir el actual decreto 926/2020 —con la posibilidad de que los mandatarios autonómicos puedan levantar o aplicar blindaje perimetral, limitación de reuniones y toque de queda—, con su prórroga vigente y aprobada hasta el 9 de mayo, con un nuevo decreto que contenga solo el confinamiento domiciliario. Pero también cabe la opción de que se modifique el actual texto y se incorpore un nuevo punto

¿Qué pasa con la vigente prórroga?

Si el Gobierno introdujera el enclaustramiento en casa, tendría que dar cuenta de la medida al Congreso, como exige el artículo 116 de la Constitución. Y, si necesita que dure más de los 15 días iniciales que la Carta Magna otorga, tendría que pedir la prórroga por el tiempo que acuerde el Congreso. De este modo, el Ejecutivo tendría aprobada la ampliación de las actuales medidas hasta el 9 de mayo —eso no cambia— y necesitaría el aval de la Cámara baja para poder extender el confinamiento domiciliario por el tiempo que considere necesario y que le autoricen sus señorías. 

¿Los presidentes serían la autoridad delegada?

No tendría por qué. El vigente decreto 926/2020 indica que la autoridad competente es el Gobierno de Pedro Sánchez, pero en cada comunidad y ciudad autónoma la autoridad competente delegada es el presidente autonómico. Pero, como advierten en Sanidad, nada está escrito. El Ejecutivo, si quisiera, podría quedarse con la atribución de decretar o hacer caer el confinamiento domiciliario o conferir ese poder a los líderes regionales. La alarma es una herramienta constitucional sumamente elástica, de modo que caben distintos modelos. Por esta misma razón, podría declararse el encierro en casa en toda España, como ocurrió en marzo, o bien en ciertas partes del país, en función de la situación epidemiológica. 

¿Por qué Sanidad se niega al encierro en casa?

En el Gobierno insisten en que ahora mismo no se trabaja en el escenario de un confinamiento domiciliario, lo que no quiere decir que en unos días, si la situación se desboca, no quede otra salida que decretarlo. Pero en Sanidad creen que las restricciones contenidas en el actual estado de alarma serán suficientes para contener la curva. Subrayan que no es comparable a lo que ocurre en otros países (como Francia, Portugal o el Reino Unido), porque en Estados vecinos “no se habían adoptado medidas”, mientras que España lleva aplicando limitaciones desde que arrancó la segunda ola, en verano. “Estamos en un crecimiento sostenido, mesetario, pero no se ha disparado, como sí ocurre en otras naciones europeas”, señalan en el departamento que dirige Illa. 

Además, en el ministerio recuerdan que las comunidades aún tienen margen para apurar sus competencias. “El cierre de establecimientos o la reducción de aforos es una competencia de las comunidades, y ellas mismas pueden decretarlo sin necesidad de acudir a la alarma. La clave está en las autonomías —enfatizan desde Sanidad—. Deben utilizar a fondo las posibilidades que les permite el actual estado de alarma, echar mano de la legislación ordinaria y evaluar”. 

¿Y en 15 días, qué?

Illa pedía este lunes esperar, no dejarse consumir por la ansiedad. La receta, señaló el ministro, es aguardar a que se desplieguen los efectos de las nuevas medidas. “Así se ha hecho, por ejemplo, en Catalunya, donde, sea dicho con toda la prudencia, estamos viendo una cierta estabilización de casos. O en Madrid, donde aplicamos medidas del mismo tipo hace ya unas semanas y hemos visto cómo se ha estabilizado y va bajando [la curva]”, indicó el ministro, quien reclamó paciencia. 

“Con esta pandemia hemos visto que las cosas no son de un día para otro. Cuando uno toma medidas se tarda entre 10 y 15 días en ver los resultados. Por lo tanto, debemos tener un punto de templanza y saber esperar el tiempo necesario para poder ver los efectos de una medidas muy drásticas, y no entrar en una especie de competición para ver quién toma la medida más dura”, apuntó, informa Efe. 

¿Qué ocurrirá con Asturias?

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, fue ayer rotundo en su petición, como el viernes hiciera el naranja Eduardo de Castro (Melilla), pero quizá no sean los únicos. Barbón, cuyo territorio registra una incidencia acumulada de 416,41 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (la ciudad autónoma notifica una de 1.356,27, la más alta del país) reclamó al Gobierno este lunes el confinamiento domiciliario, aunque otros mandatarios regionales como el vasco Iñigo Urkullu o el castellanomanchego Emiliano García-Page no han descartado medidas más drásticas. Como tampoco lo han hecho Andalucía o Castilla y León. Sanidad ya ha convocado una reunión bilateral por videoconferencia con el Ejecutivo del Principado para este martes, 3 de noviembre, a las 12.30. 

En el departamento que dirige Illa se subraya que también el mensaje de este lunes es un “aviso a navegantes“, a los presidentes autonómicos, para que expriman al máximo sus competencias y exploren todas las medidas de contención del virus antes de llegar a la más extrema de todas, el encierro en casa, la que mayor destrozo económico provoca. “Se trata de un mensaje no partidista, para que se vea que no discriminamos a uno u otro en función de si dirige la comunidad el PSOE, el PP u otro partido”, añaden, en clara referencia a las críticas por haber permitido a la popular Isabel Díaz Ayuso confinar perimetralmente Madrid por días, y no durante al menos siete jornadas consecutivas, como se podía interpretar del decreto de alarma. 

¿Es firme la posición del Ejecutivo?

La posición expresada por la Moncloa y por Sanidad es firme… con toda la prudencia. El ministro dejó bien claro que “ahora” no se contempla regresar al confinamiento domiciliario. Pero otra compañera de Gabinete, Margarita Robles, fue menos tajante este lunes en ‘La tarde en 24 horas’ de TVE. La titular de Defensa mostró su “confianza plena” en Illa y en los expertos que asesoran al Gobierno. “De momento hay que tener confianza en las medidas previstas en el decreto del estado de alarma, medidas excepcionales que limitan derechos fundamentales y que establecen importantes restricciones de movimiento y reunión de las personas, aunque luego cada comunidad, dentro de su situación, pueda tomar sus propias decisiones“.

Ahora bien, añadía, “si fuera necesario ampliar esas medidas ya se vería”. Robles dejaba la puerta abierta a un encierro en casa, no sin enfatizar que la alarma es un mecanismo “perfectamente constitucional“, que ha tenido el respaldo del Congreso y que permitirá “combatir al virus” y “salvar vidas”. En la misma entrevista en TVE, la ministra de Defensa mostraba su sorpresa por el hecho de que Madrid solo le haya pedido 150 rastreadores militares, cuando el Ejército ha puesto a disposición de las comunidades 5.000 efectivos. 

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