Política

Veinte días para elaborar el primer inventario oficial de bienes del pazo de Meirás

El pazo de Meirás abrió ayer sus puertas para la realización del primer inventario oficial de los bienes que guarda en su interior. Técnicos de Cultura de la Xunta y Patrimonio Nacional, abogados de las partes, la jueza que dictó la sentencia que ordena devolver As Torres al patrimonio público y la letrada de la Administración de Justicia accedieron ayer al inmueble para inventariar, analizar y dar fe de las piezas y objetos que permanecen en la actualidad en la que fue residencia de veraneo de Francisco Franco y su familia durante toda la dictadura. La magistrada y las partes acordaron fijar un plazo de veinte días naturales, prorrogable, para completar el inventario, de modo que los bienes que acoge el pazo quedarían detallados diez días antes de la fecha fijada para la entrega provisional del pazo por parte de los Franco al Estado, fijada para el 10 de diciembre, de acuerdo a la orden de ejecución provisional de la sentencia, solicitada por el Estado y a la que los herederos del dictador accedieron “voluntariamente” mientras se resuelve su recurso contra el fallo.

Los Franco no podrán sacar ningún bien del pazo hasta que se concluya el inventario. La magistrada, Marta Canales, estimó la petición de medidas cautelares de la Abogacía del Estado, a falta de poco más de un mes para la devolución provisional y prohibió la retirada de efectos del inmueble, aún en manos de la familia del dictador, hasta tener un inventario exhaustivo.

La comitiva que ayer revisó todas las propiedades que contiene el pazo construido por Emilia Pardo Bazán -entre ellas, la biblioteca de la condesa y escritora- estaba integrada por la jueza, la letrada de la Abogacía del Estado, dos abogados del Estado, dos de la Xunta, uno del Ayuntamiento de Sada y uno de la familia Franco, cuatro técnicos de Cultura de la Xunta y una técnico de Patrimonio Nacional que se sumó para colaborar en los trabajos horas después de su comienzo. Accedieron al recinto a las 10.12 horas sin tener una estimación del tiempo que requeriría la revisión ni, siquiera, si podría completarse en el día. “Depende de lo que nos encontremos. Es muy grande y no sabemos lo que hay dentro”, apuntó uno de los letrados antes de traspasar la entrada.

Los guardeses del pazo ejercieron de guías en un primer recorrido por los jardines y estancias. Para el inventario, la jueza y las partes detallaron la forma de proceder a media mañana, y así lo firmaron en una resolución: se tomarían fotografías y se realizarían vídeos de todas las piezas, objetos y bienes de diversa índole que se encontrasen en el interior y los exteriores de As Torres. El material debía guardarse en una tarjeta digital, que se llevaría la letrada de la Abogacía del Estado, responsable de dar fe de que las imágenes se correspondían con lo hallado ayer en Meirás, y se custodiaría en el juzgado. De esa tarjeta habrían de realizarse copias que se remitirían a los técnicos para que elaboren el inventario.

En una primera ojeada a las dependencias no se detectó la presencia ni ausencia de ningún bien destacado con respecto a los que se habían visto antes en el recinto. Solo un “inventario inicial”, como define ahora la Xunta, realizado en 2008, cuando el pazo se declaró Bien de Interés Cultural (BIC), esbozó un registro de los artículos que reposaban en su interior.

El inventario ha despertado el debate sobre la posibilidad y la viabilidad de reclamar que los bienes que se consideren de interés patrimonial recalen en manos de administraciones públicas. El Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña había aclarado que la sentencia que ordena la devolución del pazo se refiere solo al inmueble y sus exteriores intramuros, pero no a lo que haya en su interior. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, señaló también este lunes que, en contra de lo que afirmó la Abogacía del Estado, la declaración del BIC de 2008 “recogía solo el continente, no el contenido”.

Lograr que se incluyan en el decreto de BIC los bienes que se consideren de interés público o patrimonial es, precisamente, la opción más viable a juicio del alcalde de Sada, Benito Portela. El regidor, que acompañó a la comitiva hasta la entrada defendió apelar a la vinculación de determinados objetos con el pazo en relación a su consideración de “sitio histórico” y descartar los efectos privados de los Franco o sin interés. Entre los artículos que, según Portela, deberían permanecer en Meirás, destacó la biblioteca de Pardo Bazán.

El alcalde agradeció la “premura” con la que avanza el “proceso judicial”, que “ayuda a que estemos cada vez más cerca de que el pazo sea incorporado al patrimonio público, de momento provisionalmente, pero esperemos que definitivamente también”, apuntó. Preguntado sobre “la rapidez con la que ha actuado la justicia”, después de que este fin de semana varios medios informaran de un supuesto traslado en cincuenta camiones de bienes sacados del pazo, Portela aclaró: “No tenemos pruebas de que fuera a haber ese eventual traslado. Estuvimos pendientes pero no tuvimos constancia de que hubiera ningún tipo de movimiento”.

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, alabó ayer la agilidad y rapidez de la Abogacía del Estado “en su petición para la realización de un inventario del pazo de Meirás, debidamente razonada y argumentada” y defendió “la implicación demostrada por el Gobierno y más concretamente por la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo”.

El abogado y albacea de los herederos del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina, rechazó en la tarde de ayer realizar declaraciones a este diario. Poco antes, ABC publicó declaraciones en las que el letrado denunciaba que los Franco “son víctimas de un atropello, de una persecución” y de “indefensión”.

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